El proyecto de ley antitabaco que está preparando el Ministerio de Sanidad, que impondrá la prohibición de fumar en los centros de trabajo, enfrenta a sanitarios y empresarios. Según los médicos, la medida no tiene discusión verdaderamente se quiere preservar la salud de los trabajadores, incluso de los que son fumadores. Para los empresarios supondría un trastorno en la actividad laboral y un quebranto económico.
El nuevo panorama legislativo está actuando también como un generador de conflictos en las empresas, donde uno de cada tres trabajadores como media fuman, pero donde también la adicción al tabaco causó al menos 10.000 muertes directas, según datos del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), que agrupa a 39 sociedades científicas. Asmáticos, embarazadas, pacientes con enfermedades pulmonares y cardiacas o trabajadores que rechazan el tabaco se niegan a ser víctimas del tabaquismo pasivo.
"La nicotina es un agente cancerígeno de primer orden y debe ser excluido de todo entorno laboral. El Ministerio de Sanidad no debe ceder a las presiones de la industria tabacalera", defendió ayer Teresa Salvador, representante del CNPT. A su juicio, no se juega en terreno neutro, ya que la industria necesita unos 480 nuevos fumadores al día "para lo que hace importantes inversiones con la finalidad de lograr esos nuevos clientes y mantener el negocio".
Coste por las pausas
La cúpula de la CEOE, que agrupa a patronos en general, productores de tabaco, hosteleros y otros empresarios afectados por la futura norma, insistió ayer en su oposición a que prohíba fumar en el trabajo. "Creará una distorsión de la actividad laboral", aseguró su presidente, José María Cuevas.
Para él, la prohibición "no es el método más adecuado desde el punto de vista empresarial o laboral". A su juicio, la medida debería ser "más flexible" y no imponer "de forma tan dura sanciones importantes".
La distorsión empresarial y laboral viene dada, según la CEOE, porque la norma prevé multas de hasta 600 euros al trabajador que fume y hasta 10.000 euros a la empresa que lo permita. Además la patronal ha calculado que el coste de las pausas para fumar y salir a la calle allí donde no hay salas para hacerlo es de 2.300 euros por empleado y año.
Cuevas recordó que los sindicatos también son contrarios a la norma, como quedó patente en el reciente dictamen del Consejo Económico y Social, y se mostró especialmente molesto con la responsabilidad que les encomienda la ley "casi exclusiva del director del centro de trabajo, es decir, del empresario, que tiene que prohibir que se fume, vigilar que no se fume y, en caso de que alguien fume, pagar la sanción".
Defender la salud
"No se va a ceder ante las presiones de la industria. El anteproyecto de ley de lucha contra el tabaquismo es la mejor iniciativa posible para defender la salud de los ciudadanos", prometió la subdirectora de Promoción de la Salud y Epidemiología de Sanidad.
