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Conflicto por la custodia de una menor

Batalla legal por una niña

Uruguay, país de la madre, clama contra la justicia española. Una mujer debe entregar hoy a su hija al padre, al que denunció

 

María, la madre de la menor, en una calle de Castelldefels, donde vive. - EL PERIÓDICO

Dos de los dibujos realizados por la pequeña. - EL PERIÓDICO

GUILLEM SÀNCHEZ / J. G. ALBALAT
04/10/2019

Una jueza de Vielha (Lérida) ha ordenado a una madre uruguaya entregar a su hija de 7 años a su excónyuge español, padre biológico de la criatura, al que en su momento denunció por maltrato machista y por supuestamente haber abusado sexualmente de la menor, un pleito que acabó archivado en febrero del 2019. La batalla judicial es compleja y en Uruguay se ha convertido en un asunto mediático conocido como caso María, el nombre de la progenitora. Hay movilizaciones de protesta y ayer se convocó una manifestación frente a la Embajada española en Montevideo. En España, el progenitor también inició en el 2017 una recogida de firmas en la localidad de Lérida donde reside para recuperar a la menor.

Según María, para la menor va a ser una separación «traumática» porque hace tres años que no mantiene relación con el padre y su deseo es seguir viviendo junto a ella. La jueza ha ordenado a la mujer llevar hoy a su hija al Consulado de Uruguay en Barcelona. Allí mismo la recogerá una hora después el padre.

En el 2016, madre e hija viajaron a Uruguay para visitar a la familia de María. Durante el vuelo, la menor, que todavía no había cumplido 4 años, hizo dibujos de contenido sexual que condujeron a la madre a sospechar que su hija podía estar sufriendo abusos por parte del padre, cuyo nombre se omite en esta noticia para preservar la intimidad de la menor. Tres especialistas distintos de Uruguay visitaron a la pequeña y a la mujer a raíz de ello.

La directora del Instituto Técnico Forense de Montevideo redactó el 23 de agosto del 2016 un informe en el que señaló que la menor expresaba «miedos a la figura del rol paterno, ausente y agresivo». «La niña ha sido espectadora de violencia doméstica y protagonista de conductas inadecuadas y violentas por parte de su padre», añadió. Otra psicóloga, Laura Gandolfo, concluyó que «se comprueba que hasta llegar a Montevideo la menor ha vivido en un ambiente violento, en un entorno más bien aislado. En sus expresiones verbales, juegos y dibujos se ven indicadores de abuso sexual por parte del padre, en actividades obligadas relacionadas con juegos sexuales […]. Estos sucesos acaecidos a tan corta edad generaron gran confusión y angustia en la niña».

DENUNCIAS CRUZADAS / María denunció al padre en Uruguay por maltrato machista y por abusos sexuales a la niña, cortó la relación con él y decidió asentarse en su país de origen. El hombre, paralelamente, denunció a su expareja por la sustracción de la menor en un juzgado de Vielha. El asunto acabó en un litigio internacional que resolvió que madre e hija tenían que regresar a España. Lo hicieron en verano del 2018. El Consulado de Uruguay en Barcelona le buscó un trabajo en Castelledefels.

La justicia española archivó las denuncias por abusos sexuales a la menor y por violencia machista. Según Mario Guerrero, actual abogado de María, la jueza tomó esa decisión sin aceptar ninguno de los informes periciales que la madre había traído de Uruguay, algo que ha disgustado en ese país. El sobreseimiento de esta causa se basa en un informe del equipo de asesoramiento técnico y de atención a la víctima (EATAV) que desacredita la versión de la mujer y detalla que la menor no ha hecho «ningún tipo de relato de referencia a una presunta situación abusiva de carácter sexual». Otra psicóloga, en cambio, declaró que no podía determinar ni la presencia ni la ausencia de tales abusos.

El EATAV, según esta resolución, tira por tierra los informes de los expertos de Uruguay: «Son fruto de un posicionamiento psicoterapéutico» y «no se pueden tener en cuenta en el ámbito forense» al no reunir los principios de «imparcialidad, neutralidad y objetividad». A su entender, no tienen en cuenta «el interés secundario» de la madre de la pequeña, «ya que nos encontramos en el contexto de un litigio por la custodia de la hija».

Tras el archivo de estas denuncias contra el padre, empezó por la vía civil la disputa por la custodia de la menor. En esta segunda contienda, los peritos catalanes también llegan a conclusiones opuestas a los uruguayos. Describen a la madre como «alguien que interfiere en el vínculo con el padre [...] y que ejerce una práctica alienadora nociva para la menor [...] con una baja escala de sinceridad». También inciden en el «alto riesgo para la menor» de continuar viviendo solo con la mujer. Al padre, por el contrario, los psicólogos catalanes lo ven como «alguien angustiado por la situación» que están viviendo y «con niveles altos de sinceridad».

VIGILADAS EN CASTELLDEFELS / El Consejo General del Poder Judicial ha recomendado a las instituciones responsables de la formación de profesionales que intervienen en el tratamiento de la violencia machista que eliminen los contenidos «cargados de prejuicios», como el síndrome de alienación parental al cual los peritos catalanes aluden veladamente en el caso de Vielha.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Castelldefels, por orden del juzgado de Vielha emitida a la DGAIA, han supervisado a María y el cuidado de su hija desde que se instalaron en esta ciudad en verano del 2018. En su informe certifican que la menor ha sido escolarizada, atendida médicamente y tiene un hogar, monoparental, adecuado. En su conclusión valoran «el progreso de la situación familiar».

Esta semana, el juzgado de Vielha que debía dirimir sobre la custodia de la menor ha fallado que esta recaiga íntegramente en el padre. A partir de hoy será la mujer quien podrá ver a su hija únicamente en visitas supervisadas de dos horas, una vez a la semana, en puntos de encuentro. Los Mossos, de paisano, custodian desde el miércoles a madre e hija para asegurarse de que la mujer entrega a la pequeña. La abogada del padre de la niña, tras ser contactada por este diario, declinó hacer declaraciones sobre el asunto y se remitió a la resolución judicial.

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