Diversos autores sostienen que la Iglesia no se comporta de forma coherente en su postura respecto al aborto. Si los fetos abortados son personas, entonces tendrían que ser bautizados in extremis. Además, si la interrupción voluntaria del embarazo mata a un ser humano, la mujer que se somete a esta debería ser castigada como asesina. El último en pasar ésta cuestión por alto fue el portavoz del episcopado, Juan Antonio Martínez Camino, en la presentación de la campaña del lince. Cuando le preguntaron si éstas deberían ir a la cárcel, contestó que "la ley que no protege el derecho de una persona a nacer es injusta".