El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al borrador de la futura ley de la ciencia, cuya principal novedad es el cambio de becas predoctorales por contratos y la creación de una nueva Agencia Estatal de Investigación para centralizar el reparto de recursos. El nuevo texto, que sustituirá al de 1986, ha sido recibido por un aluvión de críticas por parte de investigadores, organismos y hasta sindicatos, por estimar que se aleja de los modelos de éxito de otros países, no resuelve los problemas a los que se enfrenta la investigación en España al no establecer un sistema de selección razonable que no proteja a los mediocres, y se mantiene la carga de burocracia y falta de flexibilidad que sufre el actual sistema.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la ley situará a España entre los países más avanzados, frenará la fuga de cerebros y evitará que los jóvenes dejen de apostar por las profesiones científicas, ya que el número de alumnos ha caído en picado en los últimos años.

DERECHO A COTIZAR Uno de los cambios más esperados es que los investigadores predoctorales, que hasta ahora tenían una beca de dos años sin cotización ni derecho a paro más otros dos años de contrato, pasarán a cotizar con los derechos de cualquier trabajador desde el primer año. La ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, comparó este cambio con el modelo que se aplica a los médicos en formación (MIR). Después de esos cuatro años y tras una evaluación, al cabo de otros cinco años se convertirían en trabajadores indefinidos funcionarios. "Hasta ahora la edad media para que un científico accediera a un puesto fijo en un centro de investigación era de 39 años. Con la nueva ley será de 34", subrayó.

Pero la ley no define los baremos que se usarán para esas evaluaciones. Y los cambios solo afectan a las empresas que reciban subvenciones públicas. Elena Piñero, de la Federación de Jóvenes Investigadores, consideró "una falta de responsabilidad" dejar la puerta abierta para que fuera de la empresa pública sigan existiendo becas en un país con tan "escasas expectativas profesionales". Algunos colectivos tampoco lo tienen claro: "La ley ningunea a técnicos y gestores", dijo un portavoz del Colegio de los Geólogos.

El borrador equipara las categorías profesionales de las escalas y salarios de los investigadores que trabajen en universidades y organismos públicos de investigación (OPIS), para fomentar la movilidad entre centros. Y los funcionarios podrán pedir excedencias de hasta 5 años para trabajar en empresas. Garmendia asegura que el objetivo de la ley es consolidar a España entre los países con mayor producción científica del mundo. Actualmente ocupa el noveno lugar.