Contra la ONU, el Vaticano y el Consejo de Europa, todos a la vez. Nunca el Gobierno de un país democrático y occidental había osado ir tan lejos como lo ha hecho el Gabinete conservador de Silvio Berlusconi frente a las críticas por haber rechazado en alta mar a seis barcos con inmigrantes clandestinos y haberlos devuelto a Libia.

Este atrevimiento político y diplomático nunca visto ha sido interpretado como un mitin, en vísperas de las elecciones europeas, para demostrar que el Gobierno actúa ante el miedo al extranjero. "Italia no es y no será nunca multiétnica", prometió Berlusconi, mientras todos los centros oficiales y privados señalan que los inmigrantes ya generan el 9% del PIB, constituyen el 6% de los afiliados a los sindicatos y solo desde enero hasta marzo abrieron 9.975 empresas legalmente registradas.

"Italia ya es multiétnica", rebatió la oficina de migraciones del Vaticano, mientras otros recordaban que las Fuerzas Armadas tienen 1.500 soldados extracomunitarios y que en las escuelas elementales del país hay 574.133 alumnos no italianos (200.000 de ellos nacidos en Italia). En algunas escuelas, el 75% de los alumnos son inmigrantes.

"NO VALE UN PIMIENTO" Al Alto Comisariado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que protestó por el rechazo de las barcazas, el ministro de Defensa italiano, Ignacio La Russa, le replicó que la institución "no vale un pimiento" (fico secco) y a su portavoz en Italia, Laura Boldrini, la tildó de "inhumana y criminal".

Varios ministros defendieron a La Russa, y el Vaticano y el Consejo de Europa intervinieron en favor de un mejor trato hacia los sin papeles. Entonces se produjo otra retahíla de protestas ministeriales, desatadas por la exfascista Alianza Nacional (AN). El titular del Ministerio del Interior, Roberto Maroni (Liga Norte), y el ministro de Exteriores, Franco Frattini (Forza Italia), trataron de calmar los ánimos, a pesar de que señalaron que "la ONU se equivoca".

Las críticas al Gobierno hacían hincapié en el hecho de que Libia no ha firmado la Convención de Ginebra de 1951, que regula la cuestión de los refugiados, ni tampoco reconoce al ACNUR, razón por la que los sin papeles que han sido devueltos a ese país no cuentan con ningún tipo de garantía internacional.