Los 2.401 controladores aéreos españoles eran unos profesionales hiperprivilegiados, un colectivo que cobraba unos 350.000 euros al año, muy por encima de la media europea, que trabajaba bastante menos que sus colegas comunitarios, y que gozaba de un enorme poder para organizar su propio trabajo. Todo eso se ha acabado.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley, que entró en vigor el mismo día, y que cambia por completo este panorama mediante tres vías: liberalizar el servicio para que no solo estos empleados públicos, sino también empresas privadas, puedan prestarlo en un futuro cercano; ampliar la jornada laboral, de 1.200 horas anuales a 1.750, como forma de reducir su sueldo hasta los 200.000 euros (150.000 menos que ahora); quitar a los controladores la capacidad para estructurar su labor sin dar muchas cuentas a nadie.
Y todo por la vía de un decretazo , algo que puede generar desasosiego entre otros colectivos de empleados públicos. "Este es un supuesto completa y absolutamente excepcional --señalaron fuentes de Fomento--. Nada más lejos de la voluntad del Gobierno que generar inquietud. Aquí se ha intentado negociar hasta el último momento".
LA SEMANA SANTA En rigor, el último momento era el 31 de marzo, día en el que caducaba la ahora extinguida regulación laboral de los controladores, que data de 1999, por la que tenían un jornada laboral básica insuficiente para garantizar los despegues y aterrizajes en España, algo que hacía que hubiese que recurrir a unas horas extras que se cobraban 2,65 veces más que las ordinarias. Pero el departamento de José Blanco ya había constatado la, en su opinión, nula voluntad negociadora del sindicato mayoritario USCA (la última ronda de conversaciones empezó el 11 de enero) y no quería llegar hasta esa fecha con todos los desplazamientos de Semana Santa puestos en suspenso.
No es que ahora estén garantizados, pero si el colectivo recurre a una huelga declarada o encubierta, se expone a sanciones. Según el texto legal, "se considera como causa de despido disciplinario cualquier actuación de su personal que afecte negativamente a la seguridad o menoscabe de forma grave o reiterada la continuidad del servicio".
La gota que colmó el vaso es más coyuntural y está asociada a la semana horribilis del Ejecutivo por su gestión comunicativa de las reformas económicas y el acoso de los mercados internacionales. Y nadie mejor que Blanco, como ministro y vicesecretario general del PSOE, para vincular el decretazo con la crisis, apelando al "interés general".
"No es tolerable que empleados públicos estén cobrando sueldos millonarios, cuando desde el Gobierno se está pidiendo a los españoles austeridad", aseguró. El titular de Fomento ofreció este ejemplo: si se hubiesen aceptado las exigencias de los controladores, los salarios de estos hubieran subido en el 2012 casi un 70%. Algo que España, dijo, "no puede permitirse". Así convirtió el conflicto en una cuestión de Estado. E incluso de convergencia con Europa, ya que recordó que el servicio actual le cuesta al Ejecutivo el doble que en la mayoría de la UE. El decreto se aprobó con tal urgencia que el Rey lo sancionó mientras se celebraba el Consejo de Ministros y Blanco lo anunciaba a los grupos políticos, que deberán aprobarlo en el Congreso.
600 HORAS EXTRAS Para entender los privilegios del colectivo hay que remontarse a 1999. Ese año, Fomento pactó con USCA un convenio que establecía su jornada laboral en 1.200 horas y permitía la jubilación anticipada a los 52 años cobrando íntegro su salario (170.000 euros). Después, se firmó un acuerdo de prolongación de jornada que regulaba que las horas extras, imprescindibles para cubrir el servicio, se pagasen casi el triple que las normales. En los últimos años, los controladores hacían una media de 600 de esas horas; ahora harán un máximo de 80.
España tiene las tasas de navegación aérea más altas de Europa y el déficit de AENA crece a un ritmo anual de cerca de 300 millones de euros. Esto es lo que el Gobierno, mediante su decretazo , pretende cambiar.
