Una campaña impulsada por la ONG Fundació per la Pau para evitar que la investigación con fines militares arraigue en los recintos universitarios ha comenzado a dar sus frutos. Once universidades han incluido en sus estatutos una renuncia expresa a la realización de este tipo de investigación y un millar de investigadores españoles ya han suscrito un compromiso por el que se niegan a colaborar en programas militares, según anunciaron ayer los promotores de la iniciativa.
El rector de la Autónoma de Barcelona, Lluís Ferrer, subrayó que la renuncia no es algo retórico, sino que "tiene un coste económico" para las universidades, cuya financiación por parte del erario público sigue siendo insuficiente.
