Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, con la colaboración de la Guardia Urbana de Tarragona, han desarticulado una organización que operaba en toda España dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de armas y drogas. La operación Chino-Corsica, desarrolada en varias fases en Barcelona, ?Tarragona, Sevilla y Huelva, ha permitido detener a nueve personas e investigar otras cuatro, así como intervenir casi un millón de euros en efectivo, más de 110.000 euros en joyas, armas automáticas e inmovilizar un millón y medio de euros en productos financieros.
Los investigadores han logrado identificar un entramado societario vinculado a esta organización que le daba apoyo para disfrutar de los beneficios obtenidos y su integración en el sistema financiero. Esta asociación asumía la titularidad de bienes muebles, inmuebles o productos financieros y simulaba una efectiva actividad mercantil.
Las pesquisas se iniciaron en el año 2019, cuando los Mossos detuvieron en Cambrils a tres personas y se intervino 375.000 euros en metálico. En los domicilios de los implicados los agentes también encontraron munición y cuatro pistolas detonadoras modificadas para efectuar fuego real, calificadas como «armas de guerra», según la policía de la Generalitat. Meses después, se detectó que estas pesquisas coincidían con otras de la Guardia Civil de Tarragona sobre tráfico de armas, y se decidió unificarlas.
El principal líder de esta organización, un conocido delincuente de Barcelona, se encontraba en prisión después de haber sido detenido en Granada en el 2018 cuando transportaba 27 kilos de cocaína. Con anterioridad, esta persona había ya sido investigado en el 2006 en una importante operación de tráfico de drogas en contenedores a través del puerto de Barcelona.
Las pesquisas permitieron relacionar las características de armas intervenidas en Cambrils, con las usadas en otros hechos delictivos, por lo que se determinó la posibilidad de que hubieran sido proporcionadas a terceros por esta organización. Los policías detectaron también la existencia de un entramado societario que apoyaba a la organización, a través del cual, a pesar de no aparentar ningún tipo de actividad mercantil, ponían a su nombre diferentes vehículos de alta gama con una valoración aproximada de 300.000 euros, por lo que se abrió otra línea de invetigación por blanqueo de capitales.
Las investigaciones se vieron dificultadas por la adopción de importantes medidas de seguridad por parte de los miembros de la organización. Los sospechosos utilizaban sistemas de comunicación cifrados de tipo militar, habitual entre los principales grupos criminales de carácter transnacional.
