Empadronamientos, gestiones ante la embajada en Madrid o su ciudad de origen... Estas son algunas de las gestiones, gratuitas, que la organización no gubernamental Huelva Solidaria pudo haber cobrado, según la Guardia Civil, a más de 40.000 inmigrantes de toda España. Cinco miembros de la junta directiva, entre ellos el presidente, fueron detenidos el lunes, y puestos en libertad, tras prestar declaración por un supuesto delito contra la administración pública y otro de estafa a los inmigrantes. El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha decretado secreto de sumario sobre la operación, denominada Comuna, que continúa abierta.
La investigación se inició hace más de un año a raíz de las denuncias de inmigrantes de municipios agrícolas acerca de unos supuestos cobros por trámites ordinarios y gratuitos que en algunas ocasiones ni siquiera llegaron a realizarse. En algunos casos les exigieron una cantidad cercana a los 50 euros por la gestión de empadronamientos, y sin su consentimiento les dieron de alta en la asociación, por lo que pudieron haberles cobrado numerosas cuotas.
MILES DE AFECTADOS El fraude pudo haber alcanzado a unos 40.000 o 45.000 inmigrantes del país y que en algún momento residieron o pasaron por Huelva. Dado el volumen de afectados, fuentes de la investigación consideran que la organización podría haber timado una cantidad superior a un millón de euros. Asimismo, podrían haber estafado a la administración pública, al dar datos falsos para los empadronamientos y certificados.
La Guardia Civil ha solicitado la colaboración de todos los inmigrantes que se hayan sentido estafados por la entidad. Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, aseguró que por ahora no hay ramificaciones de la estafa en otras regiones.
El presidente de la asociación, Manuel Rodríguez López, negó las acusaciones y las consideró "un ataque" contra las ONG y "una operación política". Así, aseguró que desde su constitución, en 1994, sus actividades "siempre han sido claras". Añadió que en todo momento informaron a los afiliados del cobro de las cuotas, por lo que se mostró dispuesto a devolver el dinero a quien se sienta engañado.
"Pero nosotros no somos políticos, no tenemos dinero y nuestros únicos ingresos proceden de las cuotas de los 3.500 socios", subrayó, "y si tenemos que hacer un viaje para una gestión, ese viaje cuesta un dinero". El abogado del colectivo, Fernando Molina, defendió que la financiación ha sido legal siempre.
