El inmigrante que lleve un mínimo de un año trabajando irregularmente en España y denuncie a su empresario obtendrá papeles a través de una de estas dos fórmulas: o bien recibirá un permiso temporal para la búsqueda de otro empleo o bien podrá seguir en el mismo puesto si el empresario acepta contratarlo por un mínimo de un año.
Según este proyecto, el denunciado obtendrá como contrapartida la suspensión de la sanción que le correspondería, pero deberá abonar las cotizaciones sociales atrasadas y, además, pagar al trabajador la diferencia con el sueldo atrasado establecido en el convenio.
Esta es una de las nuevas vías de regularización que incluirá el nuevo reglamento de extranjería, cuyo borrador será entregado hoy por el Gobierno a las fuerzas políticas y sociales y que el Ejecutivo pretende aprobar a mediados de octubre. Así lo anunció ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante su comparecencia en la comisión homónima del Congreso, convocada a raíz de la alarma desatada el pasado mes de agosto por los confusos anuncios de regularización efectuados desde el Ejecutivo.
