La consejera de Justicia de Cataluña, Montserrat Tura, puso en duda ayer que la serie de abortos y nacimientos de bebés con malformaciones que entre los años 1992 y 2003 afectaron a un grupo de al menos siete funcionarias de prisiones de Quatre Camins (La Roca del Vallés) guarde relación con el uso de sustancias tóxicas para desinfectar y desratizar la cárcel. Esa hipótesis --explicó Tura en respuesta al caso destapado ayer por EL PERIODICO-- ya la desestimó la Físcalía en el 2004. Sin embargo, la propia Generalitat acordó en los años 2002 y 2004 dos decisiones muy reveladoras. Primero, ordenó que las funcionarias que estuvieran embarazadas no trabajaran en las zonas de riesgo. Después, en el año 2004, la Consejeria de Treball, conocedora de las denuncias, directamente propuso que las funcionarias en estado de gestación se acogieran a la baja laboral. La solución de Treball, según una de las perjudicadas y según sus abogados, aún se aplica.
La querella presentada por siete funcionarias de prisiones por un delito contra los derechos de los trabajadores, lesiones y aborto relata que en enero del 2002 dos afectadas pusieron en conocimiento de la Inspección de Trabajo la existencia de casos de funcionarias de la prisión que habían tenido hijos con malformaciones o habían abortado. Se calcula que podría haber más de 20 mujeres perjudicadas a causa de fumigaciones con productos altamente tóxicos en el servicio de comunicaciones y en el búnker de acceso a ese departamento. La dirección de la cárcel dictó en enero del 2002 una orden interna en la que indicaba que las funcionarias en estado tenían que ser asignadas a unidades en las que no hubiera riesgo.
La primera orden sobre el traslado de funcionarias embarazadas fue modificada en enero del 2004 con otras medidas, señala la querella, hasta el extremo de que "todas las trabajadoras en tal estado pudieran causar baja laboral en la cárcel" de Quatre Camins.
