No pasarán muchos días sin que el juez de Murcia que ha retirado la custodia de sus dos hijas a una madre por mantener una relación lésbica sea sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El servicio de inspección de este organismo ha propuesto a la comisión disciplinaria que le abra un expediente por falta grave cometida al verter en su resolución "expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico".
El escrito del servicio de inspección no pone tanto en cuestión la decisión judicial en sí como los párrafos del auto en los que Fernando Ferrín Calameta considera que la relación sexual de la madre con otra mujer perjudicará a sus dos hijas, equiparándola incluso con la que pudiera tener con un "toxicómano, pederasta, prostituta" o alguien que "perteneciera a una secta satánica". El magistrado se despacha a gusto también en su auto contra la ley integral de violencia sexista, la del matrimonio gay y la modificación del artículo del Código Civil que regula la custodia. Ferrín también está siendo investigado por el Tribunal de Justicia de Murcia.
