Una aval de las comunidades en las que Panrico tiene fábricas puede facilitar la solución al problema de la empresa, para garantizar que los empleados cobren sus nóminas, según la Junta de Castilla y León.
La consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, se ha reunido hoy en Valladolid con representantes de los empleados de esta empresa de bollería y pan de molde, que tiene en la ciudad una de sus fábricas, con cerca de doscientos trabajadores.
"La Consejería podría prestar un aval financiero encaminado a garantizar la negociación" entre trabajadores y empresa, "y dentro de ella garantizar el pago de los salarios que se adeudan", ha explicado la Junta en un comunicado.
"Así mismo, este aval facilitaría la negociación del plan de reestructuración que la empresa pretende abordar para retomar la actividad y con ello la viabilidad de Panrico", ha añadido.
La Junta ha subrayado que "este apoyo se daría desde todos los Gobiernos autonómicos donde Panrico tiene fábricas: Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid y Castilla y León".
La nueva dirección de Panrico ha presentado preconcurso de acreedores y ha anunciado un plan de ajuste laboral para 1.914 empleados de toda España.
La consejera mantuvo el pasado lunes una reunión con el consejero delegado de Panrico, Carlos Gila, cuyo contenido ha trasladado esta mañana a los representantes sindicales en Valladolid.
"La supervivencia de la compañía pasa por un plan de reestructuración y de mejora operativa que la devuelva a la senda de los beneficios, ya que la compañía acumula unas pérdidas de 710 millones de euros en los últimos cuatro años", ha advertido la Junta.
Al respecto, ha señalado que "la posible solución, como se ha informado desde la dirección en el encuentro mantenido este lunes, pasa por un proceso de negociación, que permita mantener el mayor número de puestos de trabajo posibles garantizando y, a la vez, una viabilidad sostenible de la empresa".
El pasado año la dirección y los trabajadores acordaron un plan de viabilidad, para garantizar la continuidad de la planta de Valladolid.
La empresa se comprometía a mantener la fábrica, a implantar una línea para un producto nuevo y a dotar a la planta de mayor carga de trabajo.
Los trabajadores, por su parte, ajustaban también sus condiciones laborales y la Consejería de Agricultura concedía una ayuda de 711.153 euros, que "no se ha abonado ante la situación actual y hasta conocer los planes de futuro de esta empresa".
