La Conselleria de Salut catalana atribuyó ayer a un "afán recaudatorio" el decreto del Ministerio de Sanidad por el cual se aplica un copago del 10% a los fármacos que se administran a enfermos externos en las farmacias hospitalarias aunque se comprometió a que entre el vigor el próximo 1 de octubre, como obliga la resolución. Euskadi y Andalucía, en cambio, han anunciado que buscarán "margen legal" para no aplicarlo.

Salut criticó el escaso plazo para su aplicación y consideró que la medida "no tiene el efecto disuasorio de los copagos vigentes puesto que estos medicamentos están indicados para patologías graves o invalidantes". La conselleria asegura que "en el caso de que la medida pueda generar dificultades de acceso a algunos medicamentos, estudiarán mecanismos para que el copago no suponga una barrera de acceso para ningún paciente". El conseller, Boi Ruiz recordó que Catalunya había propuesto el euro por receta, pero que fue descartada. La portavoz de Sanidad de CiU en el Congreso, Conxita Tarruella, pidió la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ante la cámara por "haber aprobado el decreto por la puerta de atrás", sin las comunidades autónomas, al contrario de lo que sostiene el Gobierno.

"CRUELDAD" El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicesecretaria general, Elena Valenciano, han arremetido contra el copago de medicinas hospitalarias, que han tachado como una medida "brutal e incomprensible" porque afecta a pacientes crónicos y graves. "No se me ocurre nada más cruel que obligar a gente sin recursos a pagar para seguir viviendo", subraya Rubalcaba.

El consejero vasco de Sanidad, Jon Darpón, ha asegurado que buscarán "marco legal" para no aplicarla, al igual que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha pedido además "que el déficit lo paguen las empresas farmacéuticas y no los ciudadanos", informa Julia Camacho. Díaz ha reclamado la subasta de medicamentos como forma de ahorro alternativa, pese a que el Gobierno las ha recurrido ante el Constitucional.