El consejero de Justicia de la Generalitat, Josep María Vallés, alertó ayer en Lleida del riesgo de "generar falsas expectativas" si el protocolo de actuación en casos de violencia doméstica se pone en marcha "con precipitación" y sin dotar a la policía de más recursos económicos.
El protocolo entrará en vigor aproximadamente en un mes. Según el texto, los agentes deberán analizar el riesgo que corre la víctima cuando ésta acuda a una comisaría. Si los policías consideran que la maltratada corre peligro, tendrán que ofrecerle medidas provisionales de seguridad antes de que el caso llegue al juez. Se supone que los agentes ya realizan esta tarea. Pero la realidad demuestra lo contrario.
Una vez que el caso esté en manos del magistrado, éste tendrá que dictar las medidas de protección que considere oportunas. Con todos los datos, la policía decidirá el dispositivo de vigilancia para la víctima. En la actualidad, los magistrados dictan las órdenes de protección sin dar elementos de valoración a los agentes. Ahora lo tendrán que hacer.
La policía no podrá decidir motu proprio vigilar al agresor. Esta decisión correrá a cargo del juez, como sucede en la actualidad.
Los sindicatos policiales siguieron criticando ayer el protocolo. A su juicio, la responsabilidad de la integridad física de la víctima no debe ir a cargo de los agentes sino del juez.
