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En 1989 se prohibió el comercio internacional de marfil de elefante para hacer frente a la alarmante regresión de la especie, pero en los mercadillos y comercios turísticos de Bangkok (Tailandia), uno de los mayores centros del mundo en manufactura y venta, todavía es fácil descubrir empuñaduras con filigranas, pequeñas figuras, brazaletes y amuletos sin el preceptivo permiso de posesión o con permisos más que dudosos, como han documentado profusamente diversas asociaciones conservacionistas y la propia policía local. Nadie discute que el contrabando de marfil regresa con fuerza: aunque las cifras todavía no son definitivas, la Convención sobre el Comercio Internacional de Fauna y Flora Silvestres (CITES) calcula que más de 25.000 ejemplares fueron abatidos el año pasado de forma ilegal.

Bandas mafiosas han tomado el mando de las operaciones desde los países africanos donde se obtiene la inmensa mayoría del marfil hasta los países asiáticos donde se procesa y vende. De hecho, la caza que alimenta este lucrativo negocio ha resurgido con fuerza hasta el punto de que la especie sufre la peor crisis desde 1989, según denuncia un estudio presentado con motivo de la cumbre anual de la CITES, que se ha celebrado recientemente en Bangkok.

En la última década se ha duplicado el comercio ilegal, una constatación obtenida a partir de la cantidad de decomisos, y se ha triplicado el número de animales abatidos por furtivos, subraya el informe. "Un particular no compra cientos y cientos de colmillos como pasatiempo. Esto es obra del crimen organizado", resume Tom Milliken, especialista del programa Traffic, principal impulsor del estudio y colaborador de la CITES. El pasado enero, por ejemplo, un cargamento de dos toneladas de marfil ilegal fue decomisado por las autoridades kenianas en el puerto de Mombasa. En diciembre, Malasia confiscó 24 toneladas en Port Klang, al parecer procedentes de Togo. Ambos cargamentos fueron quemados.

DISTRIBUCION MUY IRREGULAR Los elefantes africanos --y también los asiáticos-- están catalogados en la CITES como "especie vulnerable". Se estima una población de entre 420.000 y 650.000 individuos, muy lejos de los tres millones que podía haber en 1950, y con una distribución muy desigual. "En algunos países se han dado pasos de gigante para frenar el expolio e incluso para sacar partido al marfil de una manera responsable, pero en otros los elefantes se encuentran en estado crítico", resume Luis Suárez, experto de la organización conservacionista WWF.

Uno de los problemas radica en que la CITES permite que los países con poblaciones en mejor estado, como Botsuana, Namibia, Suráfrica y Zimbabue, vendan el marfil obtenido legalmente (por ejemplo, en safaris controlados y por fallecimientos naturales). "Esas excepciones están justificadas porque revierten en las comunidades locales y porque no sería justo un café para todos , pero por desgracia alientan un tráfico con permisos falsificados", admite Suárez. Carmen Arrufe, también de WWF, explica desde Bangkok que en la capital tailandesa ha contabilizado más de 200 comercios con marfil en los escaparates, cuando solo hay 60 autorizados para venderlo.

Una prohibición total del comercio no arreglaría el problema, añade Suárez, por lo que deben estudiarse otras vías. El secretariado de la CITES no duda en señalar a los principales responsables: primero, los grandes exportadores de marfil, que no son necesariamente los productores (Uganda, Tanzania y Kenia); segundo, los países de tránsito (Filipinas, Malasia y Vietnam), y finalmente, los consumidores (China y Tailandia). De hecho, gran parte del marfil ilegal decomisado en Europa occidental o Estados Unidos sigue estas rutas y procede de Asia.

Los ocho países han sido conminados a presentar planes de acción si no quieren verse privados de comerciar con otras especies incluidas en la CITES y que generan un notable impacto económico, como las maderas tropicales, las orquídeas o las pieles de cocodrilo. Durante la inauguración de la cumbre, la primera ministra de Tailandia, Yingluck Shinawatra, anunció que su Gobierno introducirá cambios legislativos para perseguir el tráfico ilegal. "Tenemos un compromiso público, pero queremos ver que lo aplican", insistió Janse van Rensburg, representante de la CITES. El problema no es solo de voluntad, sino de capacidad de actuación.