El Congreso de los Diputados avaló ayer una enmienda del Senado a un apartado de la ley de Economía Sostenible que permitiría alargar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años que ahora están fijados.

La enmienda, avalada en la Cámara Alta por PSOE, PP, CiU, PNV, Entesa y parte del grupo mixto, dejaría abierta la posibilidad de prorrogar la vida de las nucleares pasados los 40 años de su vida útil, límite fijado para su cierre.

CiU, según su portavoz, Durán Lleida, interpreta que esta posible ampliación incluiría, si así lo decide el Gobierno, a la central de Garoña (Burgos), que deberá cerrar en 2013. Sin embargo, Josu Erkoreka, portavoz del PNV, asegura que Garoña está "expresamente excluida" en el acuerdo. No obstante, el socialista Alonso advierte que de la enmienda no es posible extraer conclusiones sobre la vida de las centrales.

El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ante las preguntas de los periodistas, también negó que esta enmienda suponga un cambio en su política nuclear.

La izquierda minoritaria, sin embargo, considera que se ha dado un giro completo a la política gubernamental contraria a prorrogar la vida de las nucleares en España. Así, la diputada de ERC, Nuria Buenaventura, señaló ante el Pleno que "nos encontramos ante la ley de la resurrección de las centrales nucleares".

La enmienda, aprobada con 334 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, corresponde al Artículo 79 de la Ley de Economía Sostenible, correspondiente a la planificación energética.

En concreto, señala que entre los objetivos para el 2020 se encuentra "determinar los niveles de participación de la energía nuclear en la cesta de generación energética, de acuerdo con el calendario de operación de las centrales existentes y con las renovaciones que, solicitadas por los titulares de las centrales correspondan".

Para ello, continúa, se tendrá en cuenta "las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear sobre los requisitos de seguridad y protección radiológica, la evolución de la demanda, el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero, y ateniéndose en todo caso al marco de referencia establecido por la normativa europea vigente".

Este párrafo sustituye a otro que afirmaba que el objetivo sería "mantener el calendario de operación de las centrales existentes, considerando el plazo de 40 años para el que fueron diseñadas y teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad del suministro eléctrico, los costes de generación eléctrica y las emisiones de gases de efecto invernadero".