La mañana del pasado día 23 lo dedicó el bufete Escura de Barcelona a instruir a directores y gerentes de residencias para «el segundo ataque de la pandemia: demandas, querellas y fiscalía». Así se titulaba un videoseminario para profesionales de la gestión de geriátricos, previo pago de 100 euros, en el que los juristas Josep de Martí y Fernando Escura, entre otros, aclaraban: «¿Podrán reclamar las residencias a las administraciones?».

Y por ahí va la estrategia de defensa que preparan las empresas mientras las familias presentan denuncias. La respuesta pasa, según fuentes de la investigación que sigue la fiscalía, por asegurar al juez que siempre cumplieron las instrucciones que dieron el Ministerio de Sanidad y las autonomías.

Las mismas fuentes creen que un 90% de las diligencias que hoy sigue la fiscalía --240 penales y 194 civiles- pueden ser archivadas. Para el ministerio público , una acusación en torno a «la dejación, el abandono, la negligencia y el descuido se ha de basar en una culpa incontestable». Así se manifestó la pasada semana la Fiscalía de Madrid al archivar por «inexacta» una denuncia de la Asociación el Defensor del Paciente contra un centro de diálisis donde se contagiaron de coronavirus y fallecieron siete personas.

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN / En opinión del letrado madrileño Ignacio Palomar, que representa a varios hijos de fallecidos en geriátricos, «si una residencia ha cumplido las directrices generales, el dolo se ve muy diluido, pero hay una responsabilidad civil de la Administración».

Las denuncias avanzan con problemas: «A las familias les está siendo muy difícil conseguir el historial clínico de su anciano fallecido, y un documento básico: la partida de defunción. Esa deficiencia administrativa merma los derechos de esas familias», denuncia Palomar.

Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma para la Dignidad de las Personas Mayores, ha pedido a la fiscalía que investigue a 51 geriátricos porque «no cumplieron el protocolo de Sanidad, no derivaron a los internos a los hospitales, no se entregaron epis al personal y no se cumplió con la obligación de comunicar si no podían clasificar y separar a los ancianos». «En estas historias ha habido una actuación negligente que, si no es penal, es civil», opina sobre directivos de la Administración en los que recayó la decisión de negar hospitalización a los ancianos.

Las denuncias que presenta en Barcelona la Coordinadora de Residencias, dice su portavoz, María José Carcelén, exigen «la lista de fallecidos desde el 1 de marzo en un geriátrico; de esos, quiénes fueron al hospital y a quiénes se les negó; y a estos últimos, qué asistencia se les dio».

No habrá indemnizaciones millonarias. En las muertes negligentes, el baremo de Tráfico, referencia en estos casos, prevé para un hijo mayor de 30 años que haya perdido a un padre de 70 en un geriátrico... no más de 20.883 euros.