Nuevo varapalo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El órgano de gobierno de los jueces aprobó ayer un informe que expresa "amplísimas dudas" acerca de la constitucionalidad de las dos medidas estrella del anteproyecto del nuevo Código Penal: la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, explicó ayer la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.
Tras un debate "intenso y muy rico" de más de cuatro horas, el pleno extraordinario concluyó que ambas penas, importadas de otros países, pueden vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en la Constitución. El anteproyecto prevé aplicar la prisión permanente revisable --una de las promesas electorales del PP en respuesta a sucesos como la muerte de Marta del Castillo-- a los asesinos que causen más alarma social, entre ellos los terroristas.
La reforma fija que una vez cumplida la pena, un tribunal colegiado revise el caso y decida si alarga el castigo o pone en libertad al reo, si este demuestra que se rehabilitado.
El problema, según el Consejo, es que bajo la denominación de prisión permanente revisable Gallardón "oculta una pena a perpetuidad" que además no está correctamente definida. Esa inconcreción es lo que podría vulnerar la Carta Magna y la consecuente garantía de previsibilidad de las sanciones, según denuncian los jueces.
El reproche del Consejo General del Poder Judicial podría haber sido aún mayor si el pleno no hubiese enmendado el borrador redactado por la vocal progresista Margarita Robles, que consideraba que la nueva pena también afectaría a la reinserción del condenado.
MAS CRITICAS Respecto a la denominada custodia de seguridad, que prevé alargar la estancia en prisión hasta un máximo de 10 años a aquellos delincuentes peligrosos que se estime que podrían volver a las andadas, el Consejo advierte de nuevo de que es una "técnica que oculta" el alargamiento efectivo en prisión, esta vez sin aumentar la pena. "La libertad vigilada puede tener carácter ilimitado", advierte el informe, cuyo contenido íntegro se conocerá en los próximos días. Los jueces critican además que la selección de los delitos a los que se podría aplicar --asesinatos, agresiones graves, violaciones, terrorismo o tráfico de drogas-- "carece de coherencia" porque incluye conductas que implican violencia con otras en las que este supuesto no se da.
El informe del Consejo no es vinculante, pero coincide en sus reproches fundamentales con los efectuados por el Consejo Fiscal. Tras la emisión de los informes preceptivos, la reforma debe volver a pasar por el Consejo de Ministros antes de afrontar el trámite parlamentario para su posterior entrada en vigor.
