El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rompió ayer la luna de miel que mantenía con los jueces y decidió ponerles firmes. El órgano de gobierno de la judicatura acordó rechazar la posibilidad de que los magistrados hagan huelga al considerar que no hay "cobertura legal" para ello, y les advirtió de que tomará medidas disciplinarias si ponen en práctica el plante. El importante acuerdo, adoptado por unanimidad, contradice punto por punto el informe que habían presentado los servicios jurídicos del consejo sobre la falta de competencia de este órgano para decidir la legalidad o ilegalidad de la huelga.

Con gesto adusto y serio, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, compareció tras tres horas de pleno extraordinario para proclamar solemnemente que los jueces no tienen derecho a parar. "Hemos resuelto rechazar las peticiones formuladas por algunas asambleas de magistrados y por dos asociaciones judiciales, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, porque entendemos que no hay cobertura legal para el ejercicio del derecho de huelga por los jueces", anunció.

Las juntas de jueces de Las Palmas y Murcia fueron las primeras en comunicar formalmente hace 10 días la convocatoria del 18 de febrero por medio de un escrito en el que proponían, incluso, los servicios mínimos que consideraban adecuados. "El CGPJ ha acordado no tener por anunciada la convocatoria y rechazar el ejercicio de huelga de los jueces en este país. No procede tampoco la fijación de los servicios mínimos ni los que han establecido por escrito algunos de los solicitantes, que no tienen competencia alguna ni base legal", sentenció.

Al no tener "efectos jurídicos" la convocatoria, Bravo dejó bien claro que "el día 18 los jueces tienen que estar en sus puestos de trabajo". Pero ¿y si no están? "Entonces, si nos consta alguna denuncia, estudiaremos cada caso y el consejo adoptará las medidas que correspondan", avisó. Se da la circunstancia de que en el informe presentado por los servicios jurídicos del CGPJ se alertaba de que los jueces que secundaran el paro no podían ser sancionados, ya que para que exista una mínima falta es necesaria "la ausencia injustificada y continuada del juzgado por más de un día natural".

¿PRESIONES DEL MINISTRO? Bravo hizo un leve mohín de desagrado cuando se le preguntó si el consejo había recibido presiones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para declarar ilegal la huelga. "No necesitamos sugerencias para resolver. Somos un órgano de gobierno independiente", dijo. Lo cierto es que, en otras comparecencias, la portavoz había dejado caer la posibilidad de que el consejo se declarase incompetente para decidir esta cuestión por ser un órgano administrativo, y no jurisdiccional. Bermejo le apretó entonces las clavijas y sugirió que el Poder Judicial debería mojarse.

Por otra parte, secunda la decisión del CGPJ sobre el rechazo a la huelga Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, que se pronunció al respecto ayer en Almendralejo. "Los jueces no deberían enfrentarse así a los ciudadanos, no es la mejor forma de hacer sus reivindicaciones", dijo antes del acuerdo del órgano de gobierno de la judicatura.