Las dificultades a las que se enfrenta la Cumbre del Clima de Madrid (COP25) no son pocas. A los problemas organizativos habituales se une el riesgo de una presidencia ostentada por un Gobierno, el chileno, contra la cuerdas, con graves dificultades económicas y que hasta puede verse obligado a renunciar si las movilizaciones populares van a más. No es el mejor escenario para pilotar unas siempre complejas negociaciones entre 186 países. Desde el minuto cero en que se acordó trasladar la sede a Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha movilizado para ganar tiempo al tiempo. El lunes se creó una comisión interministerial que ya se ha puesto manos a la obra. No solo se trata de proveer las infraestructuras para que los 25.000 participantes puedan llevar a cabo sus trabajos, el transporte y el alojamiento, sino también de atender, entre el 2 y el 13 de diciembre, a casi 200 delegaciones, entre las que figurarán un buen número de líderes mundiales.
Las administraciones autonómica y local ya han anunciado un aumento del transporte público y los hoteleros garantizan habitaciones suficientes. Madrid dispone de 90.000 plazas y capitales próximas como Segovia y Toledo suman también su oferta.
