China, la India y Brasil colaborarán para lograr un acuerdo que les resulte satisfactorio, según avanzó ayer el ministro indio de Medio Ambiente, Jairam Ramesh. Las tres potencias emergentes defienden intereses diferentes, pero comparten un peso notable en las emisiones de CO2 --el 28% del total mundial-- y un crecimiento económico de primera magnitud. Su comportamiento será clave para un pacto satisfactorio.

Los chinos, que emiten 4,8 toneladas por habitante y año, ya han superado la media mundial, que es de 4,6 toneladas, pero los brasileños (1,8) y los indios (1,3) aún quedan muy lejos. Tampoco llegan a los niveles chinos México, Suráfrica e Indonesia. El objetivo no puede ser idéntico.

DEPENDERA DE LA ECONOMIA La India ha prometido una bajada de entre el 20% y el 25% en la intensidad de sus emisiones por unidad de PIB hasta el año 2020, mientras que en el caso de China se llega al 40%-45%, cantidades difíciles de asimilar porque dependerán del crecimiento de las economías. Sin embargo, grosso modo podría decirse que si la tendencia de la India o de China es que sus emisiones crezcan un 80% y un 60%, respectivamente, se comprometen a que no suban más que un 60% o un 40%. En cualquier caso, China y la India ya han anunciado que no permitirán que se les fije un año para llegar a su máximo de emisiones de CO2.

Ambas fijan sus objetivos a planes de eficiencia. Más incluso que dinero, lo que los emergentes piden es esencialmente transferencia de tecnología para poder crecer de manera más sostenible. José Antonio Hernández de Toro, portavoz de cambio climático de Intermón-Oxfam, explica que las autoridades chinas abren cada semana una central térmica, pero se trata de modelos que en Europa serían considerados obsoletos. Ya que China es el primer productor mundial de carbón y no abandonará de la noche a la mañana un combustible que le resulta tan barato, Hernández de Toro considera asimismo que "dotarla de tecnología más moderna tendría un impacto muy considerable". El problema, claro está, es que las patentes no son propiedad de los estados, sino de las empresas.

El caso de Brasil es bastante diferente. El gigante suramericano quiere reducir su emisión de CO2 más de un 30% en el 2020 con respeto a los niveles de 1990, pero para lograrlo computa la deforestación evitada, es decir, espera frenar las talas y que la comunidad internacional se lo tenga en cuenta.