La investigación científica en España puede dar un paso atrás irreversible si se aprueban los presupuestos del Estado del 2010, pendientes todavía de su trámite parlamentario, puesto que reducen la inversión media en I+D en un 3,1% y en algunos institutos punteros se llega incluso al 29%. Así de contundentes se muestran algunos responsables de los organismos públicos de investigación (OPIS), que son los centros que se ven más afectados por el recorte, aunque el malestar es suscrito en general por amplios sectores.

El Ministerio de Ciencia e Innovación quita hierro al recorte y sostiene que solo afectará a los gastos corrientes, un capítulo a veces difuso que puede incluir la compra o renovación de material, la ampliación de instalaciones, los programas de divulgación o gastos generales de mantenimiento. La ministra Cristina Garmendia insiste en que no se verán reducidos ni los sueldos --la mayoría de los trabajadores son funcionarios o contratados fijos-- ni las becas ni los programas científicos que estén en marcha o ya previstos.

Pero no todos lo tienen tan claro. Jóvenes investigadores se están movilizando a través de foros de internet para sondear opiniones y convocar, en el caso de que fuera necesario, acciones de protesta. "Una reducción del 10% no implica configurar la impresora en modo económico. Van a cerrar centros, y la gente se va a ir a la calle", afirman en su página web.

DAÑO AL PRESTIGIO Joan Guinovart, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), explica gráficamente: "¿De qué sirve que te regalen un coche si luego no tienes gasolina?". "Con independencia del recorte en tal o cual partida, unas cifras difíciles de precisar --apunta--, lo peor es que el Gobierno está dando una imagen confusa. Está dañando a la comunidad científica y el prestigio de España". En su opinión, no se puede pregonar un aumento del 28%, como se anunció, y ahora aplicar un recorte.

Por su parte, el ministerio recuerda, no obstante, que la inversión en I+D no solo procede los presupuestos, sino que puede complementarse, por ejemplo, con parte de los 20.000 millones de euros previstos en la futura ley de economía sostenible, anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero para antes de final de año. También considera que los OPI tienen reservas y fondos propios, dados los fuertes incrementos desde el 2004, para hacer frente con normalidad a las emergencias.

Rafael Rodrigo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor de estos organismos, con más de un centenar de institutos en toda España, tampoco lo tiene claro. "Un recorte de 114 millones de euros supone un descenso en un 25% en dos partidas fundamentales: una para que los centros sean operativos y otra para las inversiones de futuro (instrumentación, nuevos contratos)". "Lógicamente no me gusta nada, pero como gestor tendré que trabajar con ese presupuesto", se resigna.

SITUACION PROBLEMATICA No obstante, el presidente del CSIC apunta que, al tratarse de una agencia estatal, tratará de captar fondos de maniobras y operaciones financieras para hacer frente a la situación y garantizar la operatividad del CSIC. "Habrá que priorizar los compromisos externos. Lo más problemático es que solo se podrá mantener esta situación a lo sumo un año. Si en el 2010 seguimos con este mismo techo y no volvemos a los niveles de financiación del 2008, será muy problemático continuar", aventuró.

César Nombela, expresidente del CSIC y catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense, se muestra mucho más crítico con la rebaja en la partida presupuestaria. "El recorte es lamentable porque nuestro sistema científico sigue necesitado de recursos. En un momento en que se plantea un cambio del sistema productivo y se apuesta por la economía sostenible, es suicida", concluye.