La reforma que el Ejecutivo del PP quiere llevar adelante, imponiendo el veto casi total a abortos por riesgo psíquico para la salud de la madre, llevará a abortar en el extranjero o clandestinamente en España, como hace décadas, al 70% de las más de 100.000 mujeres que anualmente abortaban bajo este supuesto y que, desde la ley del 2010 lo hacen sin requerimiento alguno. Este cálculo de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrrupción del Embarazo (ACAI), que hoy practican el 98% de los abortos de España, se acerca a las cuentas, que en el polo opuesto, hacen los grupos antiabortistas. La organización Red Madre y el Foro Española de la Familia cifran en un 80% el porcentaje de abortos que serán "evitados" con la exigencia de que dos facultativos ajenos a las clínicas acrediten "de manera fehaciente el riesgo para la madre.

"Si una mujer ha decidido abortar, lo hará donde sea, como constatan numerosos informes. En el extranjero si tiene dinero o, si carece de medios, en España clandestinamente, con los riesgos que eso supone", aseguró Justa Moreno, presidenta de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso. A su juicio, es "inadmisible y humillante" para las mujeres el proceso de verificación por parte de comités médicos, que además retrasa la decisión. "Es una regresión y una barbaridad que alejan a España incluso de países gobernados por la derecha como Portugal", subrayó Ezequiel Pérez, portavoz de la Federación de Planificación Familiar.

En las estimaciones de abortos fuera de España y clandestinos (o "evitados") no se tienen en cuenta los 3.234 practicados por graves anomalías del feto en el 2012, y que se quiere reducir al máximo con el veto a malformaciones como el síndrome de Down y solo permitiéndolo en casos como las anencefalias (ausencia de cerebro en el feto).

Sanidad, que trabaja "en sintonía total" con Justicia, según un portavoz, deslindará los casos concretos que serán autorizados. En esta tarea contará con el soporte del comité de bioética, renovado en diciembre.