Javier A. L., el único imputado mayor de edad por el asesinato de la joven Sandra Palo en Madrid, se sentará hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid y se enfrentará a una petición fiscal de 69 años de cárcel.
Los otros tres implicados en el brutal crimen --en el 2003-- fueron condenados ese mismo año por un juzgado de menores a penas de cuatro a ocho años en un centro de internamiento, ya que tenían 14 y 17 años cuando asesinaron a Sandra, que tenía 22 y sufría una deficiencia psíquica. Javier A. L., supuesto inductor del asesinato, había cumplido 18 y por ello será juzgado por un tribunal normal.
Los padres de Sandra --que fue brutalmente violada, atropellada y quemada en un descampado próximo a Leganés-- no han parado de luchar por una reforma de la ley penal del menor. Esta norma, aprobada durante el mandato del PP, elevó la edad penal de los 16 a los 18 años. Los condenados por cometer delitos violentos y que tienen edades comprendidas entre los 14 y los 18 no entran en la cárcel sino que ingresan en centros de internamiento, donde permanecen aunque cumplan los 18. El máximo tiempo de estancia en esas instituciones, gestionadas por las CCAA, es de cinco años si están en régimen cerrado.
