Ni el intercambio cortés del saludo. Ni una mirada de frente. Si acaso, de soslayo. Observándolos nadie hubiera dicho ayer que el exjuez y exvocal del Consejo General del Poder Judicial Lluís Pascual Estevill y el abogado Joan Piqué Vidal se conocen tanto como para tejer, presuntamente, una trama de corrupción judicial sin precedentes en España.

La primera jornada del juicio por el caso Estevill arrojó una fotografía impensable hace una década: el exjuez y el abogado sentados en un banquillo para ser juzgados por desnaturalizar, hasta el delito, la esencia de sus respectivas profesiones.

Estevill está acusado de meter y sacar a personas de la cárcel en función del pago de cantidades millonarias de dinero. El exjuez se enfrenta a 10 años de cárcel y 21 de inhabilitación por una copiosa lista de delitos: siete de prevaricación, detención ilegal, amenazas, soborno y alzamiento de bienes.

Piqué Vidal, una de las togas de oro de la abogacía barcelonesa de los 90, con clientes como Jordi Pujol y Javier de la Rosa, está acusado de allanar el camino al magistrado corrupto a cambio, según la acusación, de importantes beneficios económicos. Concretamente, el letrado se enfrenta a seis años y cuatro meses de prisión, 15 años de inhabilitación e indemnizaciones por valor de 390.000 euros (64,8 millones de pesetas)-- por seis delitos de prevaricación, detención ilegal, soborno y estafa.

Compartiendo banquillo se encuentran otros ocho acusados de participar a muy distintos niveles en la trama, dos de los cuales --el joyero Rogelio Roca y el abogado José Manuel Prades-- admitieron ayer los delitos menores que se les imputan y se conformaron con las penas.

SIN EMOCION El contenido de la primera jornada de la vista oral por el caso Estevill no estuvo a la altura de la expectación levantada porque, como es habitual en todo juicio, se invirtió en cuestiones previas. La defensa de Piqué Vidal, ejercida por Carlos Palomino, y la defensa de Juan Vives Rodríguez de Hinojosa (hijo), representado por Pau Molins, plantearon que las acusaciones particulares y la acusación popular no están legitimadas.

Esgrimieron para ello diferentes motivos. Mientras la estrategia de defensa de Vidal se limitó a plantear que las acusaciones particulares se presentaron fuera del plazo legal, Molins dijo que los empresarios que presuntamente habían pagado a Estevill para obtener sus favores no están legitimados para presentarse como perjudicados. Las dos defensas coincidieron en que se cometieron irregularidades al admitir la acusación popular.