El macrojuicio contra la industria tabaquera de EEUU comenzará hoy en un tribunal de Washington. Están en juego, entre otras cosas, los 280.000 millones de dólares (230.000 millones de euros) que el Gobierno de ese país reclama a los fabricantes de cigarrillos por mentir sobre los riesgos del tabaco.
El proceso judicial civil, que puede hacer historia, es consecuencia de una demanda interpuesta en 1999 por el Gobierno del entonces presidente de EEUU, Bill Clinton, contra las tabaqueras Philip Morris USA, RJ Reynolds, Liggett, Lorillard Tobacco y Brown and Williamson.
La demanda no sólo las acusa de conspirar para engañar al público sobre los riesgos para la salud que conlleva fumar, sino también de impulsar campañas publicitarias presuntamente destinadas a promover el consumo de tabaco entre los adolescentes mediante dibujos animados. Estas acusaciones se plantearon en virtud de la ley especial contra el crimen organizado y organizaciones corruptas, llamada RICO (por sus siglas en inglés), y que se aprobó inicialmente para combatir a grupos como la mafia.
El juicio, que tendrá lugar en el tribunal de la juez Gladys Kessler, se celebra al margen de otra demanda antitabaco que promovieron varios estados de EEUU y en la que se alcanzó un acuerdo en 1998 por el que las tabaqueras aportarán 246.000 millones de dólares para gastos de salud en un periodo de 25 años. Aquel pacto incluyó restricciones a los anuncios de cigarrillos con dibujos animados y dirigidos a los jóvenes.
Las organizaciones antitabaco se habían mostrado escépticas de que el Gobierno de George W. Bush quisiera llevar adelante la demanda. El hecho de que el juicio finalmente vaya a celebrarse, cinco años después, ha sorprendido a muchos expertos, ya que las empresas tabaqueras han efectuado cuantiosas donaciones al Partido Republicano. Sólo en el periodo 1999-2000 le entregaron 3,5 millones de dólares.
