La llamada subcomisión del aborto concluyó ayer su ronda de comparecencias de los llamados expertos situada en el mismo punto del que había partido hace mes y medio: con el PP rechazando su legalización, el PSOE y ERC-IU-ICV abogando por ella y el PNV y CiU manteniendo una prudente equidistancia. Mediante este organismo parlamentario y el comité nombrado por el Ministerio de Igualdad, que también realizará un informe sobre la futura reforma legal, el Gobierno, según ha repetido la ministra Bibiana Aído, pretende "buscar el mayor consenso posible". Visto lo visto, parece una empresa altamente improbable.

Aquel 11 de noviembre en el que la subcomisión comenzó a escuchar a los comparecientes, el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, llegó al Congreso llamado por el PP y opinó que el aborto se había "convertido en una forma de violencia de género"; la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, a propuesta del PSOE, sostuvo que era un derecho de la mujer; y fuera del Parlamento, en la calle, tres decenas de personas ambientaban el debate con una imagen sacada de 1985, cuando se autorizó el aborto en varios supuestos: dirigidas a los diputados, sus pancartas decían Seréis responsables de su sangre .

Ayer ocurrió casi lo mismo. En la calle, unos pocos --muy pocos-- entonaban villancicos virulentamente antiabortistas; dentro, el presidente de e-Cristians, Josep Miró, invitado por el PP, aseguraba que el aborto era nefasto porque provocó en términos de renta, según sus cálculos, unas pérdidas de 51.325,1 millones en el 2006; y la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, propuesta por el PSOE, abogó por una norma que permita abortar con libertad hasta las 14 semanas y que no establezca plazos para el supuesto de malformación del feto --ahora 22 semanas-- ni en caso de peligro para la madre.

EN EL PRIMER SEMESTRE Fue una intervención significativa. Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo, que tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros un anteproyecto durante el primer semestre del 2009, no considera conveniente que el umbral para interrumpir libremente el embarazo sea superior a las 12 o 14 semanas, situándose así en la media de Europa occidental. España es ahora una excepción.

¿Han servido de algo los debates en la subcomisión? La portavoz del PSOE, Carmen Montón, contestó que sí. "Se ha escuchado a colectivos que necesitaban dar su opinión --señaló--, se ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar la ley, que es obsoleta, y ha colocado a cada grupo en su sitio". Y a los que dicen, como el PP, que una ley de plazos provocará más abortos, la diputada socialista les responde que no, algo en lo que coincide con varios estudios. En octubre del 2007, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que se ponía de manifiesto que las tasas de aborto eran similares en los países en los que era legal y en los que no, solo que en estos se trataba de una práctica más peligrosa para la salud de la mujer.

IMPERIALISMO En el otro lado de la batalla, Sandra Moneo, portavoz del PP, también opinó que la subcomisión había sido muy útil; e incluso que le había sabido a poco. "Nos hubiese gustado traer a más comparecientes --explicó--. Hemos buscado un perfil de reconocido prestigio". Un perfil como el de Isabel Estapé, de la Academia de Ciencias Económicas, quien, pese a llegar de la mano del PP, sostuvo hace días que el aborto no es más que "un instrumento capitalista para dominar a las clases más bajas", pues no tener hijos es una opción "dictatorial e imperialista". Y todo fue como en el XVIII, cuando Jonathan Swift, en Una humilde propuesta , dijo que la solución para acabar con la pobreza consistía en que los más necesitados se zampasen a sus bebés.