Trabajadores de la empresa Derivados y Sistemas Metálicos (Desime), ubicada en Pedrajas de San Esteban (Valladolid) y donde hoy hace un año el también empleado de origen rumano I.B. acabó a cuchilladas con la vida de su ex pareja y empleada del mismo centro, reforzaron hoy con su testimonio la tesis de que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, tras desmontar la versión del acusado de que el cuchillo de cocina con el que acometió a la víctima no era suyo y se lo encontró sobre el botiquín de los servicios.

Durante la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por el procedimiento de jurado popular, dos empleadas del servicio de administración de Desime y el propio gerente aseguraron no haber visto jamás antes en las instalaciones de la empresa el arma utilizada en el crimen, lo que vendría a avalar la tesis de los acusadores de que el autor confeso de los hechos acudió el día de autos provisto del mismo con la clara intención de acabar con la vida de M.V, la mujer con la que había convivido durante cuatro años y que siete meses antes había decidido romper la relación.

Especialmente concluyente fue la declaración de la administrativa Eva María M.G, encargada precisamente de reponer periódicamente el material del botiquín. La testigo, en declaraciones recogidas por Europa Press, reiteró que el cuchillo en cuestión jamás lo había visto antes y reforzó tal afirmación tras precisar que pocos días antes del trágico suceso inspeccionó el botiquín, sin que en el mismo encontrara arma blanca alguna. Esta misma trabajadora fue precisamente la que acudió a los servicios de la factoría tras escuchar los chillidos de la víctima mientras ésta recibía las 17 cuchilladas que le propinó su ex pareja, la mayoría en el cuello, y que acabaron con su vida. Al respecto, Eva María M.G, quien al recordar la escena no pudo reprimir el llanto, explicó que al acercarse a la zona de servicios se abrió la puerta y pudo ver entonces cómo el acusado tenía agarrada a la víctima por la espalda con el brazo derecho mientras la cosía a cuchilladas con la izquierda.

"Me puse muy nerviosa, salí corriendo a la planta de arriba y llamé al Servicio de Emergencias 112", indicó la testigo, tras lo cual su otra compañera de departamento, Verónica M.S, trasladó a la lesionada en su vehículo particular hasta el Centro de Salud de Iscar. Esta última, que al igual que la anterior declaró protegida por un biombo con el fin de no tener que ver al acusado, recordó que colocó a la víctima una toalla en el cuello "porque sangraba muchísimo" y durante el trayecto hasta el centro la herida, que se hallaba aún plenamente consciente, llamó por teléfono a alguien, posiblemente a su nuevo novio, y le dijo "¡me ha matado!, ¡me ha matado!"

LA VICTIMA NO PUDO DEFENDERSE

Como posibles indicios de la alevosía, que llevarían a calificar los hechos como asesinato y no como homicidio, también figuran el testimonio de un guardia civil que realizó el reportaje fotográfico del escenario en el que se produjo el crimen, según el cual la agresión se produjo en el reducido cuarto del retrete, como así atestiguarían las manchas de sangre aparecidas en sus paredes laterales y el hallazgo del cuchillo en el suelo de dicho habitáculo, así como la ausencia de restos de piel del procesado bajo las uñas de la fallecida, lo que denotaría que ésta no tuvo la más mínima oportunidad de defenderse.

La segunda jornada del juicio contó también con la declaración de la hija de la fallecida, Andrea, que, sin necesidad de utilizar el biombo, acusó al verdugo de su madre de haberse mostrado violento con ella durante la relación mantenida entre ambos y de haberla sometido igualmente a un acoso continuo tras la ruptura, a partir de la cual la declarante, su progenitora y el nuevo novio de ésta se mudaron a otro piso.

De hecho, la testigo, quien recordó que I.B. rondó en ocasiones la vivienda en actitud vigilante, afirmó que un mes antes del crimen el acusado amenazó de muerte a su madre si no volvía con él. "Yo la animé a denunciar, pero ella se negó porque le debía dinero", declaró Andrea. Esta denunció igualmente que tras enterarse de que su madre había sido acuchillada llamó por teléfono al autor y le dijo que le iba a denunciar, a lo que él la respondió en tono amenazante. "Me dijo en rumano, ahora voy a por ti", aseveró Andrea.

Para refrendar la versión del acoso al que el acusado sometió a su víctima tras la ruptura, el gerente de la empresa en la que ambos trabajaban, Alberto de la F.C, quien indicó que la fallecida, dado la confianza que tenía con ella, ya le había puesto al corriente de la persecución que venía sufriendo tras romper con I.B. y que ante ello, además de aconsejarla que presentara denuncia, se había obligado en varias ocasiones a llamar la atención al acusado y a amenazarle con tomar decisiones más drásticas, de tipo laboral, si no cesaba en su actitud. El juicio entrará mañana en la tercera jornada con la práctica de la prueba forense sobre las causas de la muerte de M.V. Con carácter provisional, el acusado se enfrenta a penas que oscilan entre los 18 años y 20 años por delito de asesinato, tal y como solicitan en el primer caso el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado y en el segundo la acusación particular, y los 10 años de prisión por homicidio que pide la defensa.