Mientras se desarrolla el debate sobre el copago sanitario para la atención médica, el PP valenciano reabrió ayer el melón de otro copago: el judicial, plasmado en una tasa extra a pagar por los ciudadanos que hagan uso de la justicia. La fórmula fue defendida el lunes por el consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, Jorge Cabré, con el argumento de que se trata de un servicio público diferente a la educación y la sanidad cuyo uso "es más bien excepcional". A su juicio, a los ciudadanos no les importaría abonar un tasa a cambio de que la justicia gane agilidad.

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, salió al paso de su consejero matizando que es "muy pronto" para hablar sobre este copago, aunque no la descartó en el futuro a pesar de que el líder del PP, Mariano Rajoy, ha negado siempre que el copago sanitario y el judicial no forman parte de sus planes. "Es razonable y sensato --propuso Fabra-- abrir un debate con argumentos entre la sociedad, el Ministerio de Justicia, las autonomías y el Consejo General del Poder Judicial encaminado a implantar el pago de una tasa para garantizar la calidad del sistema".

TERCER COPAGO El portavoz del Gobierno, José Blanco, no tardó en irrumpir en escena calificando la propuesta de "una broma", al tiempo que exigió a Rajoy que desautorice a los promotores. "Es la tercera área de la Administración en la que desde el PP se plantea una opción así (después de Sanidad y Educación). El PP tiene ideas que no plasma en un programa electoral aunque formen parte en su ideario", resaltó el dirigente socialista.

La idea de la tasa judicial recibió el apoyo de las asociaciones de jueces con la salvedad de Jueces para la Democracia, que la rechaza porque generaría desigualdades, "ya que disuadiría a los ciudadanos de renta inferiores de la defensa de sus derechos y no mejoraría el sistema". Pablo Llanera, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, estimó lógico que los gastos sean sufragados por los que más acuden a la justicia. Marcelino Sexmero, de la Asociación Francisco Vitoria, consideró que la tasa no sería onerosa para los usuarios.