Los colegios concertados han dejado de cumplir la función para la que fueron creados en 1985 de llegar de manera subsidiaria a donde no lo hace la escolarización pública. Hoy, apenas acogen al 15% de los inmigranres, pese a estar sostenidos con unos 6.000 millones de euros anuales procedentes de fondos públicos. El Gobierno prepara un decreto para combatir este desequilibrio, que obligará a estos centros, unos 2.700 en toda España, a escolarizar a más alumnos con dificultades, que suelen ser los más pobres (inmigrantes, discapacitados y procedentes de minorías étnicas).

El borrador de la norma de 46 artículos, al que ha tenido acceso este diario, establece que los centros concertados que escolaricen a este tipo de estudiantes obtendrán una financiación extra, pero no podrán "imponer en ningún caso" a los padres el pago de cuotas, y las actividades extraescolares no formarán parte del horario escolar.

SEGREGACION Aunque tenga carácter voluntario, el pago de cuotas supone en la práctica un medio para segregar a los alumnos con pocos recursos económicos, que se concentran en la pública, según la confederación laica de padres CEAPA. La entidad critica la excepción de posible cobro que el artículo 13 establece para actividades complementarias y servicios escolares. No obstante, el proyecto de decreto deja claro que las cuotas "serán voluntarias, no tendrán carácter discriminatorio para los alumnos, carecerán de carácter lucrativo" y deberán ser autorizadas por la Administración.

La norma básica, que desarrollarán las autonomías, trata también de poner coto a la práctica, defendida por el PP y otros partidos conservadores, de que un centro acceda a un concierto por tener un determinado tamaño o alumnos suficientes. El decreto faculta a los gobiernos autonómicos, que se encargarán de aprobar o denegar los conciertos, para que exijan a estos centros una adaptación de la planificación escolar a la programación fijada por la Administración. El proyecto también prevé unos conciertos de carácter "singular" para enseñanzas posobligatorias. En este caso, las familias podrán aportar al centro, como "financiación complementaria", hasta un 10% del monto del módulo económico establecido por cada autonomía.

La actualización del decreto de 1985, que fijó el régimen de conciertos, pasa de largo sobre la reivindicación de sindicatos, asociaciones y partidos de la izquierda de que se eliminen las subvenciones a los centros que discriminen por razón de sexo y no garanticen la coeducación de chicos y chicas. La mayoría están vinculados al Opus Dei.