La hija de una mujer asesinada en un pueblo de Córdoba por su exmarido en el 2006 ha logrado que la Audiencia Nacional le dé la razón y la indemnice con 25.000 euros porque la subdelegación del Gobierno de Granada devolvió a su padre dos escopetas en el 2004, a pesar de que había sido juzgado en dos ocasiones por amenazas de muerte a su madre. Los jueces afirman que la actuación de la Administración fue "deficiente" y actuó "como causa coadyuvante" en la conducta homicida.
El 1 de enero del 2006 la demandante, cuyos datos de filiación han sido protegidos por los jueces, tenía 13 años de edad y convivía con su madre, que se había separado de hecho de su padre. Tres años antes, la mujer había denunciado a su marido después de que este le dijera: "Vete para el coche que te voy a matar, hoy te mato ya".
Un juzgado de Córdoba condenó al hombre a 20 días de multa. Un año más tarde, el 16 de abril del 2004, la mujer volvió a denunciar a su marido después de que este le espetase: "Te van a encontrar matada (sic), tu vida no vale nada". Un juzgado de Córdoba le requisó entonces las armas, pero le absolvió por falta de pruebas y entonces le devolvió dos escopetas de caza, calibre 12.
La subdelegación del Gobierno de Granada incoó un expediente para revocar la licencia de armas del maltratador "por instrucción de diligencias policiales por supuestos malos tratos en el ámbito familiar". Sin embargo, se le mantuvo el permiso de armas después de que un Cabo de la Guardia Civil determinase que el asesino carecía de antecedentes y que "observa buena conducta en general, ya que no se tiene constancia de que tenga adicción al alcohol o drogas". Por ello, afirmó que la posesión de las armas no implicaba un riesgo para él ni para terceras personas. Sin embargo, el maltratador usó una de sus escopetas para matar a su mujer. La Audiencia castiga al Estado porque no buscó información que acreditase "la peligrosidad" del hombre ni tampoco que era un adicto. Tampoco valoró "los antecedentes policiales y sociales" del hombre. Por ello, subraya que la actuación de la Administración fue inadecuada.
