La Audiencia de Barcelona ha condenado a 22 años y medio de cárcel a un hombre acusado de asesinar a cuchilladas a su antiguo jefe, a quien atacó mortalmente en las inmediaciones de la empresa de Esparreguera (Barcelona) de la que había sido despedido seis años antes.
En la sentencia, la Audiencia, siguiendo el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, impone al acusado, Fernando Pozuelo, una pena de 22 años y medio de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y le ordena que indemnice con 800.000 euros a los familiares de la víctima.
El crimen ocurrió el 29 de enero del 2014, cuando el acusado, armado con dos cuchillos de cocina de unos 12 centímetros de hoja cada uno, se acercó al polígono industrial de Esparreguera donde estaba ubicada su antigua empresa, se acercó al vehículo en el que se encontraba sentado su exjefe, le asestó varias puñaladas, le sacó del coche y le siguió atacando con los cuchillos, hasta causarle 41 heridas de arma blanca.
El acusado fue detenido poco después en un centro comercial de la localidad de Abrera (Barcelona), cuando aún llevaba encima los dos cuchillos ensangrentados y sus ropas manchadas de sangre.
GRAN NÚMERO DE HERIDAS
Según el jurado popular, el acusado actuó de forma "consciente e intencionada" agravando de forma "innecesaria e inhumana" el sufrimiento de la víctima, al causarle un número de heridas con los cuchillos, todas ellas aún en vida, siendo la mayor parte de ellas "completamente superfluas y no dirigidas a causar la muerte".
En la sentencia, que se puede recurrir, la Audiencia subraya que el jurado popular determinó que la intención del acusado al asestar las 41 puñaladas a su exjefe "no podía ser otra que el de causar un dolor o sufrimiento suplementario a la víctima y que tal gran número de heridas no eran en absoluto necesarias para causar la muerte".
El condenado había trabajado en la empresa que dirigía la víctima hasta el 2008 y, tras su despido, había iniciado varios procedimientos judiciales con esa compañía, tanto laborales como penales.
Tras el juicio, la defensa del acusado solicitó que se le impusiera como máximo una condena de 10 años de prisión, por un delito de homicidio, atendiendo a las atenuantes de confesión y la eximente de legítima defensa y de actuar bajo los efectos del alcohol, si bien la Audiencia lo ha rechazado al considerar que no se cumple ningún requisito para beneficiarse de una rebaja de la pena.
