El Congreso dio ayer un paso decisivo para que los inmigrantes no comunitarios puedan participar en las elecciones municipales. La Cámara baja instó por unanimidad a Gobierno a la firma de convenios de reciprocidad con los países de origen que permitan esta participación. Ahora la pelota está en el tejado del Ejecutivo. Sólo cerrando acuerdos con Marruecos, Ecuador, Colombia y otros pocos sería suficiente para que la mayoría de los extracomunitarios puedan elegir y ser elegidos como concejales.
La propuesta partió del portavoz de IU-ICV Joan Herrera. Era la tercera vez que el diputado catalán lo intentaba. Su proposición no de ley iba mucho más allá de la aprobada finalmente. Instaba al Gobierno a "estudiar las reformas legales necesarias para que los inmigrantes residentes en el Estado español puedan participar en las elecciones municipales".
El texto aprobado finalmente, a través de una enmienda del PSOE, opta por la vía de los convenios de reciprocidad. Podrán votar los extranjeros con cuyos países se firmen convenios que permitan allí el voto de los españoles residentes. Es mucho más compleja y contiene el riesgo de que queden al margen los nacionales de países con regímenes no democráticos, como por ejemplo, los chinos.
Pero esta vía tiene la doble ventaja de que no es necesario emprender ninguna reforma legal y cuenta con el beneplácito del PP. Este último aspecto era clave. Los socialistas no estaban dispuestos a facilitar un nuevo frente de desgaste a la oposición. "Con la demagogia sufrida con el proceso de regularización ya tuvimos bastante", indicaron fuentes del grupo socialista. El resultado de la votación tiene escasos precedentes en una legislatura tan crispada: 309 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra.
Unos de los diputados más veteranos de la Cámara, Carles Campuzano (CiU), estaba tan satisfecho que parecía que la propuesta la hubiera presentado su grupo. "Hacía muchos años que el Congreso no aprobaba por unanimidad un tema de política de inmigración", celebró.
REFORMA CONSTITUCIONAL El camino de la reforma legal era, además, casi una ruta sin salida. Para ampliar el derecho a los inmigrantes había que reformar el artículo 13.2 de la Constitución que establece la exigencia de reciprocidad y el PP se niega sistemáticamente a cualquier retoque de la Carta Magna.
La proposición no cierra tampoco la puerta a ulteriores modificaciones. También encarga a la Comisión Constitucional la elaboración de un estudio sobre la "medidas necesarias para favorecer la participación política de los inmigrantes residentes de larga duración".
Herrera recordó que el voto ha sido reclamado por el Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo y que el barómetro del CIS reflejó que lo aprueba el 60% de los españoles.
