Los 320 diputados que acudieron ayer al pleno del Congreso dieron su voto favorable a la ley contra los malos tratos elaborada por el Gobierno socialista. La norma, que endurece las penas a los agresores y ofrece una batería de ayudas sociales y laborales a las víctimas, entrará en vigor en el 2005 tras el visto bueno del Senado, donde se pueden introducir algunos cambios.

Todos los grupos parlamentarios, incluido el PSOE, consideraron que la nueva legislación no será la varita mágica que acabe con una lacra social que ha provocado la muerte de 54 mujeres en lo que va de año. Sin embargo, insistieron en que el texto es necesario porque ayudará a combatir la violencia de género.

Lo que ayer ocurrió en el Congreso fue algo excepcional ya que la unanimidad del arco parlamentario --PSOE, PP, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y Grupo Mixto-- es un bien escaso. Tras la votación, el hemiciclo se convirtió en el escenario de felicitaciones. Sin embargo, a pesar de la alegría por el consenso, todos los portavoces menos el PSOE reprocharon al Gobierno la "excesiva rapidez" de la tramitación.

La unanimidad puede ser considerada como una victoria del PSOE. Sin embargo, hay matices. En un principio, el Gobierno estaba empeñado en considerar sólo víctimas a las maltratadas y a sus hijos. Así, para salvar posibles críticas de inconstitucionalidad, el nuevo texto extiende el agravamiento de la pena no sólo a los hombres sino, en general, a los que maltraten a una persona "especialmente vulnerable" que conviva con el autor (o autora).

Tras la aprobación, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, resaltó sus virtudes y recordó que España es el "primer país de Europa" con una ley similar.