Los grupos del Congreso han respaldado hoy que se llegue al fondo del caso de los niños sustraídos a sus padres biológicos para darlos en adopción, a ser posible antes de que acabe la legislatura, a mantener una relación permanente con las víctimas y controlar la respuesta de la administración. El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), Antonio Barroso, y la portavoz de la Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, Mar Soriano, han comparecido hoy en la Comisión de Justicia del Congreso. El presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, ha señalado que es una cuestión de suma gravedad y, aunque no todos los casos son iguales, es un atentado gravísimo contra la dignidad humana, en el que "el sistema político y jurídico imperante lo facilitó". La diputada socialista Carmen Juanes ha asegurado que se trata de unos hechos que no pueden quedar impunes, el trabajo de la Comisión no ha hecho más que comenzar y se va a luchar con las víctimas para que se haga justicia y exigir a las instituciones que se llegue al final de este asunto. "La represión política (del franquismo) se transformó en represión moral y acabó en un tráfico de personas", ha sintetizado. En nombre del PP, Inmaculada Bañuls ha opinado que la visibilidad de las víctimas servirá para prevenir; ha pedido dejar al margen cualquier cuestión ideológica y ha reclamado que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades Su compañera Susana Camarero ha reclamado asegurar y extremar la seguridad del Registro Civil. El diputado de CiU Jordi Jané ha pedido no conformarse con buenas palabras, sino ser capaces de llegar al final con una acción continuada y contundente de la Fiscalía, el Registro Civil, el Ministerio de Justicia y, por parte de los grupos, cuantas medidas sean necesarias para que reluzca la verdad, paliar los daños y depurar las responsabilidades. Emilio Olabarría, del PNV, ha lamentado que no se haya constituido una comisión de investigación; ha apuntado hacia reformas legislativas para la reparación efectiva de las víctimas, de tipificación de delitos y la modificación de la de Protección de Datos o del reglamento del Registro Civil. Ha pedido que la Comisión de Justicia continúe indagando y se ha sorprendido por la inhibición de la Audiencia Nacional, ya que es un delito de trama organizada supraterritorial de seres humanos. El diputado de ERC-IU-ICV Joan Tardà se ha mostrado involucrado "hasta el tuétano" con las víctimas y en posibles iniciativas presupuestarias o de modificaciones legislativas; ha señalado que el tiempo apremia por la edad de algunas víctimas y para hacer justicia "si las leyes lo permiten con delitos que no hayan prescrito". Por UPyD, Rosa Díez, ha asegurado a los comparecientes que van a tener una "causa común" en el Congreso.