El Congreso dio ayer el primer paso para que, tal come recoge el pacto de Estado contra la violencia machista, se mejore la formación en materia de igualdad que reciben los jueces. En la actualidad solo 137 magistrados realizan cursos en género y violencia machista, de 50 horas de duración, una especialización que los propios miembros de la judicatura y los partidos políticos han pedido mejorar a raíz de la sentencia de La manada, que condenó a los acusados por abusos y no por violación.
Todos los partidos apoyaron la iniciativa, registrada por el PSOE antes de conocerse el polémico fallo sobre la agresión sexual en los Sanfermines, ante la parálisis a la que el Gobierno del PP había sometido el acuerdo de Estado, aprobado en el Congreso en septiembre y ratificado por comunidades autónomas y ayuntamientos en diciembre. Varios meses después se pone en marcha el segundo cambio legislativo de las 200 medidas pactadas.
Aunque han llegado a la Moncloa, los socialistas han preferido mantener su plan inicial y presentar la proposición para reformar la ley orgánica del Poder Judicial a través del grupo parlamentario, según su versión, para dar impulso a la misma. Si la hubieran transformado en un anteproyecto, alumbrado por el nuevo Ejecutivo, sería necesario que los órganos consultivos se pronunciaran, lo que podría retrasar su puesta en marcha. Esta actitud fue afeada por algunos grupos, como el PP, que ironizó con la idea de que es «mejor no pedir informe no sea que se vaya a abrir un melón y la liemos».
APOYO IUNÁNIME TRAS ‘LA MANADA’ / La iniciativa pasará ahora directamente a ponencia en el Congreso, donde todos los partidos podrán defender sus aportaciones, para su aprobación en el pleno en un plazo razonable, dado que no se espera que PP y Cs alarguen excesivamente el plazo de enmiendas, como sucede con otras leyes de la izquierda que no cuentan con su visto bueno. Aumentar la formación en género de los miembros de la judicatura, tras el fallo de ‘la Manada’, que no consideró intimidación que cinco hombres forzaran a una mujer a mantener relaciones sexuales, tiene un apoyo unánime.
«Urge dar un salto cualificado en formación, que ya existe pero la sociedad exige mayor profundización y compromiso y una perspectiva de género en la interpretación de las normas», sostuvo la socialista Pilar Cancela. La proposición del PSOE propone «garantizar la adquisición de conocimientos» y que se «ofrezca capacitación para la aplicación de las normas» con criterio de no discriminación entre hombres y mujeres tanto en la fase de oposición a juez y fiscal, como en el curso seguido en la Escuela Judicial antes de incorporarse al destino, así como en la formación continua.
MÁS JUZGADOS ESPECIALIZADOS / La iniciativa prevé aumentar la especialización en agresiones sexistas de más juzgados de lo penal. La ley orgánica del Poder Judicial ya dispone que deberá haber al menos un tribunal especializado en cada provincia. No obstante, de los 345 existentes, solo 26 cuentan con esta categoría, y no en todas las comunidades autónomas. Por ello, la proposición impone que en el plazo de seis meses se revise la planta de tribunales «para responder a las necesidades de implantación de juzgados exclusivos sobre la mujer en aquellas localidades en las que lo exija el volumen de asuntos, o bien compatibles con otras materias».
La oposición consideró, no obstante, que el texto se queda «cojo» y que el PSOE, ahora que está en el Gobierno, podría haber ido más lejos. «Es decepcionante que traigan una pequeñísima parte del pacto de Estado», sostuvo Ángela Rodríguez, de Podemos, partido que considera que el Ejecutivo debería incrementar también y en la misma medida la formación de fiscales y de abogados, para que no se vuelvan a dictar sentencias que irriten a la sociedad. Por parte de Cs, Patricia Reyes, pidió al PSOE que se deje de «tanta propaganda» y ponga en marcha, por el procedimiento de urgencia, la iniciativa.
El Congreso aprobó además una proposición del PP destinada a incrementar la educación en igualdad como fórmula para atajar la violencia machista en adolescentes, que se ha incrementado, entre otros motivos, por el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. «Se trata de la violencia 3.0», denunció la popular Carmen Dueñas.
