Ante un auditorio integrado por directivos de compañías sanitarias privadas, convocado por la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), el consejero de Salud catalán, Boi Ruiz, expuso ayer lo que, en principio, consideró una posible fórmula capaz de financiar el sistema sanitario público: establecer la obligatoriedad de que los ciudadanos de una determinada renta media o alta suscriban una póliza aseguradora, a través de la que recibirían asistencia para sus problemas médicos de poca entidad. La idea fue descartada tres horas después por la Consejería de Salud, que, en nombre del Gobierno catalán, negó que la Generalitat esté considerando una iniciativa de ese calibre. Un cambio así, en cualquier caso, exigiría una nueva redacción de la ley general de sanidad, de ámbito estatal.
