Hasta el Consejo de Estado, órgano consultivo pero no vinculante fundado en el siglo XVI y cuyos miembros son vitalicios, pone objeciones a la polémica reforma educativa que propulsa el ministro popular José Ignacio Wert.

En un dictamen, emitido el pasado lunes, el consejo pide al titular de Educación que no elimine la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la futura ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) e incluso aboga por "imponerla como obligatoria en algún momento". El órgano recuerda a Wert que esta asignatura vela "por el aprendizaje de los valores democráticos, con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa".

La recomendación choca frontalmente con la reforma que ultima el Ejecutivo y que propone sustituir esta materia por otra obligatoria y alternativa a la de Religión, denominada Valores Culturales y Sociales, en Primaria, y Valores Eticos, en la ESO. "Ambas tendrán una carga horaria equivalente a la carga horaria media del resto de asignaturas ofrecidas en el bloque de materias específicas", según el borrador de la futura ley. Pero el Consejo de Estado también rechaza la inclusión de una asignatura optativa alternativa a la Religión, ya que podría haber alumnos que no recibieran ninguna formación en valores cívicos, contra lo que recomiendan entes europeos.

CLASES EN CASTELLANO El dictamen también se opone a uno de los puntos más polémicos de la reforma, la pretensión de Wert de pagar con fondos públicos colegios privados en Cataluña para escolarizar a alumnos que quieran estudiar solo en castellano. Subraya que más allá de las dificultades técnicas de la medida, esta pretensión del ministro no debería figurar en la ley, ya que afecta al ámbito de decisión de las comunidades con lengua propia.

Los consejeros piden a Wert que se defina mejor la diferencia entre asignaturas troncales y específicas, como ha demandado en varias ocasiones la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y le alerta sobre la ruptura en la igualdad de oportunidades que puede entrañar la supresión de la selectividad y su sustitución por pruebas de acceso individualizadas en cada universidad, y da un tirón de orejas a la insuficiente valoración económica de la ley, cuyo coste estimado considera muy limitado para una reforma estructural de esta envergadura, e insta al Gobierno a clarificar los costes de la reforma y los compromisos temporales para su financiación.

EDUCACION MIXTA MEJOR No obstante, el Consejo de Estado pasa de puntillas sobre la arquitectura de la ley, que incluye aspectos tan controvertidos como la implantación de las reválidas, la elección de itinerarios en el último curso de la ESO o los nuevos ciclos de FP básica. Tampoco se opone a la separación de alumnos por sexos, aunque defiende la educación mixta "para promover desde la escuela la igualdad de género".

El ministerio recalcó el carácter no vinculante del dictamen, pero dijo que estudiará si incorpora alguna recomendación al proyecto de ley antes de que sea aprobado en el Consejo de Ministros, previsiblemente, "en las próximas semanas", indicaron fuentes ministeriales.