También el Consejo de Estado ha expresado sus dudas sobre el polémico decreto de becas del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que sube a un 6,5 la nota mínima para las becas compensatorias --dirigidas a las familias con pocos recursos-- y las de movilidad para los desplazados. En su dictamen sobre el controvertido reglamento, aprobado el pasado día 2 en Consejo de Ministros, el órgano consultivo del Gobierno recoge que echa de menos un estudio sobre su repercusión en la igualdad de oportunidades y datos de cuántos alumnos obtendrán la beca y cuántos la perderán. "El sistema --señala-- debería tender a que los que carezcan de medios para poder estudiar lo hagan de igual modo, o del más parecido posible, al resto de los estudiantes, sin exigirles una infalibilidad que no se exige del mismo modo a ese resto de estudiantes".
MILES DE ALUMNOS FUERA Las nuevas exigencias del decreto, a pesar de mantener en un 5,5 la nota que da derecho a la exención del pago de matrícula, pueden dejar fuera de la universidad a entre 20.000 y 80.000 alumnos con pocos recursos, calcula la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE).
Estos dejaron la estimación abierta porque al alza de los requisitos de las notas se sumará la incertidumbre de no saber el importe de la dotación, lo que llevará a muchos a no matricularse. Con el nuevo reglamento, una gran parte de la beca variará en función de la renta, el rendimiento académico del alumno y el de los compañeros. Así que la cuantía se descubrirá con el curso más que arrancado.
El Consejo recuerda en su dictamen --ocultado por el equipo de Wert (comparecerá el miércoles en el Congreso para explicar el decreto) para evitar críticas como las recibidas con el anterior sobre la reforma educativa-- que las becas deben asegurar la igualdad de oportunidades de quienes tienen vocación y aptitudes y carecen de dinero, y ser un instrumento de "estímulo" de la mejora del rendimiento, especialmente en niveles superiores.
No obstante, no aprecia que el proyecto sea contrario al ordenamiento jurídico, ya que ni en la Constitución ni en las leyes sobre educación quedan claramente establecidos "los criterios precisos sobre el peso que debe darse a cada uno de los objetivos, ni el modo en el que se tratarán de conseguir los mismos". También recuerda que no puede evaluar el nuevo sistema de becas con conocimiento de causa suficiente a falta de un estudio "detenido" de sus repercusiones.
RECURSO AL CONSTITUCIONAL El portavoz parlamentario socialista, Mario Bedera, discrepó. "Lo que se ha hecho --denunció-- es activar una bomba de destrucción masiva, porque las becas garantizaban la igualdad de oportunidades. El Gobierno no ha entendido que la beca es un derecho, no un privilegio. Y, por lo tanto, si vas aprobando no hay que pedirte más" y el secretario de organización del PSOE, Oscar López, no descartó ayer la presentación de un recurso ante el Constitucional para "defender el derecho a la igualdad de oportunidades y de los ciudadanos".
