La compañía eléctrica Endesa, propietaria de Ascó, pagará caro el cúmulo de negligencias que rodearon la fuga radiactiva descubierta en abril, aunque ocurrida el pasado noviembre. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha propuesto al Ministerio de Industria que le imponga a la empresa cuatro sanciones graves y dos leves, que en términos económicos representarán una multa de entre 9 y 22,5 millones de euros. El departamento encabezado por Miguel Sebastián será el que decida la cuantía exacta, aunque el ministro ya adelantó semanas atrás que optaría por la más alta dentro de las que propusiera el CSN.
Sea cual sea el importe fijado finalmente por Sebastián, será el más elevado de la historia de la energía nuclear en España y no porque el incidente haya sido el más relevante --el incendio de Vandellòs 1 en 1989 fue más grave--, sino porque una reforma legal que entró en vigor a finales del año pasado multiplicó por 10 la cuantía de las sanciones establecidas hasta entonces. Poco antes del cambio normativo, Vandellòs 2 fue castigada con una multa de 1,6 millones de euros.
La central de Ascó estrenará la nueva reglamentación a lo grande, aunque la multa aún podía haber sido más alta si el CSN hubiera optado por calificar de muy grave alguna de las conductas de sus gestores.
En el dictamen aprobado ayer por unanimidad por el plenario del organismo, se descarta imponer sanciones más fuertes porque "no ha existido daño a la población ni al medioambiente y la estimación de riesgo es remota y de carácter leve". La ley prevé en este caso multas de hasta 30 millones de euros por infracción.
De las cuatro sanciones graves propuestas por el CSN solo una, la relativa a la fuga propiamente dicha, lo es en su "grado máximo". El consejo destaca en su resolución que la emisión radiactiva superó el límite legal de dosis anual establecido para los visitantes que acceden al interior del doble vallado del recinto y que esto fue posible, entre otras razones, porque los gestores manipularon los sensores para que no se disparara la alarma de fuga. Por estos dos incumplimientos, la cuantía propuesta es de hasta nueve millones.
CASTIGOS DE GRADO MEDIO Los otros tres castigos graves son de grado medio (entre 1,5 y 4,5 millones cada uno) y sancionan desde el incumplimiento de la normativa que obliga a llevar a cabo determinadas actuaciones cuando se detecta una fuga (control de los empleados, delimitación de la zona afectada...) hasta la criticada ocultación de la fuga.
El CSN reprocha en su resolución a los operadores que no le notificaran hasta el 4 de abril el hallazgo de partículas que tuvo lugar a partir del 14 de marzo y que tampoco comunicaran nada a los dos inspectores que el organismo tiene destacados en la central.
Los operadores tampoco dejaron constancia de los hallazgos en los registros de vigilancia radiológica, lo que les acarrea la tercera sanción grave en grado medio. Las dos sanciones leves se refieren a la falta de un informe y a haber permitido la salida del recinto de un camión que contenía partículas radiactivas.
