El Gobierno ha logrado su objetivo de paralizar la aplicación del decreto andaluz de expropiaciones a bancos de pisos de los desahuciados. El Ejecutivo lo recurrió el martes ante el recién renovado Tribunal Constitucional (TC) y este no tardó más de 48 horas en suspenderlo ayer cautelarmente al admitir a trámite el recurso. Ahora se abre un plazo de cinco meses durante los cuales el alto tribunal deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto, y levantar la suspensión o bien anularlo.
Mientras se pronuncia el TC, las 12 expropiaciones que había puesto en marcha la Junta de Andalucía para beneficiar a otras tantas familias sin casa han quedado aparcadas. Desde que el pasado 12 de abril la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de IU, sacó adelante el decreto, el PP y el Gobierno emprendieron una dura campaña en contra acusando a la Junta de poner en peligro la estabilidad financiera y de vulnerar el derecho de propiedad.
El decreto tuvo un gran impacto mediático porque se aprobó al mismo tiempo que el PP reducía casi a la nada la iniciativa legislativa popular (ILP) de la plataforma antidesahucios que llegó al Congreso apoyada por casi un millón y medio de firmas. La Junta de Andalucía quedó como la única administración que emprendía alguna acción efectiva contra el drama de los desahucios.
Al anunciar su intención de recurrir, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó que la norma andaluza "afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a la Cortes Generales". El 4 de julio el Consejo de Estado avaló la intención del Gobierno al considerar que existen "fundamentos jurídicos" para el recurso.
La suspensión del decreto antidesahucios ha sido la primera medida adoptada por el recién renovado pleno del alto tribunal que preside Francisco Pérez de los Cobos, perteneciente al sector conservador, al igual que la mayoría del pleno.
VIAJE A BRUSELAS La Junta de Andalucía intentó negociar reclamando una convocatoria de la comisión bilateral, pero no obtuvo respuesta. La consejera viajó a Bruselas el miércoles para tranquilizar a la Comisión Europea sobre los efectos en el sistema financiero. "La norma es totalmente constitucional. Tiene seguridad jurídica plena como la luna llena. El Gobierno lo recurre porque funciona, no porque sea inconstitucional. Hemos demostrado que somos capaces de aprobar un decreto que protege a las familias vulnerables y que hay alternativas a las políticas neoliberales", declaró Elena Cortés a la salida. H
