La construcción del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) seguirá en el aire durante bastantes meses más. El Gobierno de Pedro Sánchez suspendió la tramitación del proyecto al poco de tomar posesión y no decidirá si sigue adelante o lo descarta hasta que se apruebe un plan global sobre el destino de los residuos radiactivos en España, algo que no sucederá hasta bien entrado el año 2019, según anunció ayer en el Congreso la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La senda marcada por Ribera en su comparecencia parlamentaria es la siguiente: de aquí a final de año se aprobará el Plan de Energía y Clima, que entre otras cosas marcará si las centrales nucleares van a cerrar o no a los 40 años de vida como propone el Ejecutivo según su programa electoral. A primeros del 2019 se iniciará la tramitación del nuevo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) elaborado en función de ese nuevo horizonte. Y solo a partir de ahí se decidirá el futuro de Villar de Cañas.
««Hace falta conocer en primera instancia cuál es el volumen de residuos que van a ser almacenados y para eso hay que conocer hacia dónde vamos, qué mix energético queremos y cuántos residuos debemos ubicar, dónde y a qué coste», resumió Ribera.
DEPÓSITOS EN CADA CENTRAL / Mientras tanto, Ribera considera que la existencia de seis depósitos o almacenes temporales (ATI) en otras tantas centrales «garantiza un almacenamiento provisional con seguridad sin necesidad de tener que incurrir en una construcción precipitada».
El plan de residuos no solo está caducado desde el año 2010, sino que además tampoco ha incorporado las mayores exigencias en materia de seguridad establecidas por la directiva europea Euratom de julio del 2011. La Unión Europea tiene ya muy avanzado un procedimiento de infracción contra España por estos retrasos. El pasado junio se recibió la primera advertencia sobre la apertura de un expediente sancionador, después de que el plazo para la transposición expirara en agosto de 2017.
La ministra justificó ayer esta decisión porque no disponía del preceptivo informe de impacto ambiental, ni tenía estudio geológico ni el anterior Ejecutivo había aprobado una autorización del emplazamiento. Todo ello suscitaba unas «dudas» acrecentadas por «la certeza» de que no existía suficiente consenso político en torno al proyecto, pero se comprometió a consultar al Congreso, que aprobó una moción contra el proyecto.
