La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) intentó impedir in extremis ayer que el Congreso avale hoy la prolongación del estado de alarma. El presidente de USCA, Camilo Cela, aseguró por la tarde que el 85% de los técnicos han firmado una carta en la que se comprometen "a garantizar el tráfico aéreo". Con este gesto pretenden convencer a los diputados de que no es necesario la prórroga porque no piensan repetir el plante que condujo al cierre de los aeropuertos 24 horas. Eso sí, mantienen que el paro no fue premeditado sino fruto de una "indisposición" colectiva y una "reacción desesperada a una trampa" del Gobierno. Reiteraron su tesis de que AENA cerró los aeropuertos sin necesidad porque había técnicos suficientes para continuar gestionando vuelos aunque a un ritmo más lento del normal.
A los controladores no les conviene la prórroga del estado de alarma hasta el 15 de enero porque mientras tanto no pueden negociar el convenio. Y el ministro de Fomento, José Blanco, ha puesto tope al diálogo: el 31 de enero. Por tanto, si se prorroga la alarma, solo les quedarán 15 días para procurar que AENA firme las condiciones laborales que no han logrado en cinco años de negociación. Si no hay acuerdo, Fomento recurrirá a un árbitro del que USCA "desconfía" porque, dice, "será nombrado por el ministerio". De ahí su interés en acabar con la alarma.
Según el portavoz de USCA, Daniel Zamit, no fue el estado de alarma lo que hizo a los controladores volver a las torres, sino los llamamientos de los dirigentes del sindicato. El secretario general, Abel Hernández, agregó que la mediación del gremio "paralizó" situaciones similares en Galicia y Canarias a la vivida el día 3 de diciembre. 2Incluso me llamaron de AENA para felicitarnos", aseguró.
EL GOBIERNO En el lado opuesto, el Ejecutivo no da crédito a las promesas de buena voluntad de los controladores. Fuentes gubernamentales confirmaron que el último compromiso de los técnicos no hará variar la hoja de ruta que el Ejecutivo se ha marcado para resolver el conflicto.
El Ejecutivo justificó el martes la prórroga porque la consideró "necesaria" para que la normalidad vuelva a los cielos, pero ayer, en el escrito que envió a los grupos parlamentarios, el argumento de más peso fue el de transmitir tranquilidad. La medida extraordinaria pretende calmar a la sociedad.
"La sociedad aún hoy teme que hechos similares puedan reproducirse de inmediato --asegura el texto--. La consideración de los hechos acaecidos, el conjunto de tareas que han de seguir abordándose para asegurar la consolidación de la normalidad en el servicio público del transporte aéreo y la alarma social experimentada, aún viva en el conjunto de los ciudadanos, impiden que se pueda dar ya por superada la crisis desencadenada en los días pasados".
El Gobierno, por tanto, quiere mandar un mensaje de normalidad mediante la alarma; transmitir a los viajeros que podrán volar sin problemas en Navidad.
La prórroga, hasta el 15 de enero, será sometida hoy a votación en el Congreso, y cuenta con el apoyo del PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria (CC), que suman escaños más que suficientes para aprobar la medida. Los grupos de izquierda, en cambio, se oponen, y falta por ver qué hace un PP que ayer, en la Cámara baja, convirtió la reciente crisis en un asunto más de la batalla política. Los conservadores lanzaron tres preguntas y una interpelación al Ejecutivo, al que acusaron de ser responsable del cierre del espacio aéreo por no haber actuado con más previsión. Fue un debate agrio, más que ninguno sobre este tema desde que se produjo el caos.
