La nueva normativa de control de líquidos en los aeropuertos no solo es ineficaz y causa graves transtornos a compañías y pasajeros --según los expertos independientes--, sino que resulta también extremadamente cara. Solo en España cuesta a las arcas públicas 12,5 millones de euros al año, a los que hay que sumar los 7,9 gastados para su implantación en los dos últimos meses del año pasado. En total, 20,4 millones en poco más de un año, según resumió un portavoz de AENA. Para que se hagan una idea, se trata de una cantidad casi equivalente al presupuesto de reconstrucción del aparcamiento de la T-4 (24 millones), derruido en el último atentado de ETA.
Pese a que la cifra es muy alta, sería dificil que algún viajero se sorprendiera al conocerla. Los controles, no solo de líquidos, sino también de cinturones, relojes, zapatos, ordenadores y todo tipo de complementos, son tan exhaustivos que han requerido duplicar el número de horas de servicio contratadas por AENA a las empresas de seguridad privada. Para simplificar, podría decirse que ha requerido multiplicar por dos la plantilla de vigilantes.
