L os planes y esquemas diseñados en despachos suelen ser emboscados por realidades que no siempre saltan a la vista. La estrategia de cribados masivos impulsada por algunos gobiernos autonómicos para contener el virus se está encontrado con un poderoso obstáculo: la miseria. La precariedad y la economía sumergida, sin contratos ni derechos, dificultan la táctica de rastreo en los barrios donde llegar a final de mes exige de malabares. Para un trabajador con un contrato temporal o en prácticas, o para un autónomo que cobra por servicio, o para quienes se dedican a alguno de los muchos oficios que subsisten en la economía en b, dar positivo en covid-19 puede ser mucho peor que contraer la enfermedad.
La pandemia ha impactado duramente sobre los colectivos más vulnerables. Cáritas calcula que, solo en Barcelona, de todos los usuarios que trabajaban en la economía sumergida, el 73% se ha quedado sin ingresos. «La mayoría de ellos, tras el confinamiento, tratan de trabajar de lo que pueden, conseguir algún ingreso para seguir adelante, necesitan alimentar a sus familias y pagar un techo de forma inmediata», cuenta Desirée García, jefa de proyectos de inserción social en Barcelona. ¿Cuál es, pues, su respuesta ante la posibilidad de un nuevo encierro? «No se pueden confinar, si lo hacen se quedan sin nada y no hay nadie que les ayude», constata.
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pobreza entre las personas que subsisten de la economía sumergida se ha disparado hasta el 80%. Para ellas no hay prestaciones por ertes, ni en la mayoría de casos subsidios; muchos dependen de lo que ganan en el mismo día. Trabajadoras del hogar, cuidadoras, manteros, chatarreros, temporeros, manitas a domicilio… son algunos de los perfiles que subsisten en lo que se conoce como la economía sumergida o en negro.
Cáritas y Cruz Roja confirman que el perfil mayoritario de estas personas es el de inmigrantes sin documentación. «Son los más invisibles, no tienen otra opción que estos empleos, muchos de ellos viven en condiciones infrahumanas y no tienen acceso al padrón, y por ende, a la tarjeta sanitaria. Los han despojado de cualquier derecho», asume Enric Morist, coordinador de Cruz Roja en Cataluña. Ambas entidades, en estos casos, piden un cambio de la ley de extranjería para que estos cientos de miles de personas --la Generalitat calcula que unas 100.000 en Cataluña-- puedan acceder a un contrato de trabajo, que les abra la puerta a los derechos laborales. Y sociales.
Desde el sindicato de Inspectores de Hacienda Gestha identifican dos tipos de trabajadores que se ganan la vida en b. Por un lado, actividades de jornal, donde diariamente unos capataces reclutan a los trabajadores para blindar a la empresa en caso de problemas. Y el pago por el servicio se produce al final de la jornada. Temporeros agrícolas, camareros para bodas o guardarropas un sábado en una discoteca son algunos de los perfiles más habituales, según explica el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
Otro clásico de los pagos en negro es dar un sobresueldo a un trabajador dado de alta, pero por el que se cotiza menos horas. O un trabajo en el que el autónomo pregunta «con IVA o sin IVA». No obstante, Mollinedo recuerda que todos esos pagos nacen del fraude de las empresas. «Cuando una empresa paga en B a un trabajador lo hace porque genera dinero negro». Y normalmente ese dinero negro se genera porque la compañía no declara en su contabilidad todos sus ingresos. Con él no solo paga a trabajadores sin declarar, sino también a proveedores, «no suele ser el 100%», matiza Mollinedo- y a su vez lo usa para distribuir dividendos sin pagar por ello peaje fiscal.
No hay un cálculo único sobre cuál es la magnitud de la economía sumergida en España. El sindicato Gestha y la patronal catalana Foment del Treball coinciden en señalar que esta representa al 25% del PIB español. Casas de estudios como Funcas dan una horquilla de entre el 18,5% y el 24,5% del PIB y la Agencia Tributaria hace suya una estimación realizada por el FMI que la sitúa en el 11,2%. El número que sí es constante y sonante son los 15.715 millones de euros en fraude que en el 2019 afloró la Agencia Tributaria. Según los cálculos de Gestha, esto solo representa cerca del 20% de todo el fraude fiscal anual.
Para los trabajadores con permiso y contrato pero en condiciones precarias, un test PCR para detectar el virus también puede ser el final de su escueto contrato. «Entiendo que los trabajadores puedan tener miedo, pero para eso está la posibilidad de recurrir el despido o denunciar a la Inspección si les están acosando», afirma la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo SITSS, Ana Ercoreca.
Al fin, son las entidades sociales las que han podido poner rostro a esta realidad, porque durante el confinamiento todas las familias que vivían de estos empleos sin contrato no tuvuieron otra opción que recorrer a los bancos de alimentos. «Estamos hablando de un grupo de personas que no tienen ningún tipo de derechos laborales, no tienen derecho a la baja, y muchos de ellos tampoco pueden acceder a ninguna prestación social, están totalmente desamparados», sostiene Enric Morist. La entidad calcula que este año ha multiplicado por cuatro las personas atendidas que han necesitado alimentos. «Y la mayoría, son personas que trabajaban en la economía sumergida», añade Morist. H
