En medio del repunte de accidentes de tráfico en las carreteras, la fiscalía de seguridad vial presentó ayer los datos referentes a los delitos contra la seguridad vial del 2018, que rompen la tendencia a la estabilidad registrada en los últimos años y, tanto los procedimientos abiertos como las sentencias condenatorias, registran «aumentos muy notorios», según el ministerio fiscal.

Así, en el 2018 se incorporaron 110.654 procedimientos, 14.000 más que en el 2017, lo que supone un 15% más, sobre todo por delitos relacionados con alcohol y drogas y por conducir sin permiso. Asimismo, se dictaron 89.264 sentencias condenatorias, 7.000 más que en los doce meses precedentes, lo que supone un 9% de incremento. Este volumen significa que el 34% de todos los veredictos dictados por los tribunales, uno de cada tres, están motivados por infringir las normas de tráfico.

El fiscal coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas, no achacó el incremento a que haya más delitos, sino una «mayor eficacia» de las fuerzas de seguridad y de la acción judicial en torno a las infracciones al volante. «Se han detectado más delitos y se ha reducido la impunidad», subrayó.

RÁPIDA RESPUESTA / Y es que tres de cada cuatro procedimientos incoados (el 74,3%) y cuatro de cada cinco acusaciones formuladas por el ministerio fiscal (el 84,3%) se han saldado en juicios rápidos, lo que produce una respuesta penal «rápida y eficaz», según destacó. Además, el 90% de las sentencias son por conformidad, lo que ha posibilitado la ejecución inmediata de las 60.352 penas de privación del derecho de conducir y las 1.949 pérdidas de vigencia del permiso. Del mismo modo, en el 2018 se impusieron más de 60.000 penas de multa y más de 24.000 trabajos en beneficio de la comunidad.

El ministerio público, de hecho, siempre que el autor acepte una pena por conformidad, lo que supone, según Vargas, que «asume lo que ha hecho», solicita que sea condenado con una pena no privativa de la libertad. El 22% de las cuales se cumplieron el año pasado a través de dos programas, en función de la gravedad del delito, que buscan evitar la reincidencia y promover una conducción segura.

En estos programas participan asociaciones de víctimas de accidentes, que también acuden a las cárceles a realizar charlas y ofrecen el testimonio de su tragedia personal a los presos con el objetivo de crear conciencia hacia el respeto a las reglas del tráfico y a la vida de los demás.

5.000 RECLUSOS / En las prisiones españolas, más de 5.000 internos cumplen penas relacionadas con delitos de tráfico, 1.224 como condena principal y el resto asociada a otros delitos. La mayoría de los reclusos son multirreincidentes en conducción bajo los efectos del alcohol, drogas o sin permiso. A este respecto, se ha producido un incremento «muy notable» de las condenas por consumir alcohol al volante, 8.000 más que en el 2017, casi un 10%, hasta las 56.173. El aumento se debe, al menos en parte, al aumento de los controles. Teniendo en cuenta solo las inspecciones realizadas por la DGT, dos de cada 100 conductores sometidos a examen dieron positivo.

Este porcentaje baja en el caso de exceso de velocidad. Solo el 0,06% de los vehículos controlados superaban los límites, si bien esta cifra supone un 9,6% del censo total de conductores. De ellos, según destacó el fiscal de seguridad vial, un buen número son «reincidentes» y los de «mayor peligrosidad».

En el caso de homicidio imprudente, la cifra total de escritos de acusación formulados por este delito en cualquier ámbito de actividad -durante el 2018- fue de un total de 342, de los que 250 estuvieron relacionados con el tráfico.