La policía localiza a un individuo en posesión de sustancias psicoactivas ilícitas para su consumo, pero en lugar de sancionarle, los agentes envían a esa persona a una Comisión para la Disuasión de la Toxicodependencia, que evalúa la situación del sujeto y diseña un plan personalizado para intentar desengancharle del consumo de esas sustancias prohibidas.
Ese es el procedimiento que se sigue en Portugal desde hace 15 años. Su política de lucha contra la droga ha dejado atrás las medidas opresivas y de criminalización para centrarse en la recuperación sanitaria y social de la persona adicta, tal y como explican a EL PERIODICO desde el Servicio de Atención en los Comportamientos Adictivos y en las Dependencias (SICAD en sus siglas en portugués).
La promoción de la salud y el cambio en las pautas de comportamiento del drogodependiente son las claves de este enfoque personalizado, en el que la lucha contra el consumo ha abandonado la vía penal para pasar a ser un asunto manejado mayoritariamente por personal sanitario y social.
Hay que tener en cuenta que dos décadas atrás las drogas eran un problema muy grave en Portugal. Por ejemplo, en 1999, el país encabezaba la lista de muertes por VIH vinculado a las drogas en la Unión Europea y un 1% de su población era adicta a la heroína.
"Sin duda es un modelo que me llama la atención", afirma Santiago Cambeiro, sociólogo de la Universidad de Extremadura, destacando la característica "holística y de modelo integral" del caso luso.
Este experto apunta a la evolución general de los gobiernos europeos en la lucha contra los estupefacientes, introduciento un cariz de salud pública, si bien en España, a nivel legislativo, aún predomina la vía administrativa como medida disuasoria, principal diferencia con su país vecino.
"Es cierto que en Portugal podemos ver una mejora de la situación muy significativa. Su modelo primero quita el estigma y se focaliza en la variante de salud pública. Ahora bien, se habla de 'descriminalización' que no es lo mismo que 'despenalización'", señala Cambeiro.
El matiz es importante, pues a pesar de que las medidas contra las drogas dieron un giro en 2001, no hay despenalización ni los individuos tienen potestad para decidir si se quieren someter o no a los denominados "paneles de disuasión". Aunque la situación ideal es que lo hagan voluntariamente, de lo contrario son forzados a ello, tal y como dicta la ley: "Si no hay voluntad de someterse a un tratamiento, algunas de las sanciones son la obligación de presentarse periódicamente a un lugar asignado, la prestación de servicios a la comunidad o el pago de una multa".
Los médicos de familia juegan un papel fundamental, controlando la evolución del tratamiento en coordinación con los equipos de los paneles. "Todavía es un debate inconcluso y postergado por las autoridades, pero sin duda la promoción de la política asistencial es benificiosa", sentencia Cambeiro. Los datos lo reflejan.
