Telefónica, Vodafone y Orange cuentan con plataformas de análisis de big data para vender los datos que generan sus usuarios a administraciones públicas y empresas. El negocio es suculento. El contrato con el Instituto de Estadística (INE), por ejemplo, que las operadoras consideran casi un «experimento», ha supuesto un total de 500.000 euros entre las tres. Así, según la plataforma de contratación del sector público citada por Efe, Telefónica ha recibido 163.615,86 euros; Vodafone, 150.000 euros, y Orange, 185.000. Cantidades, según el INE, mucho más ajustadas que el coste de las encuestas.

Para las administraciones públicas, la gestión de los datos ciudadanos es una cuestión clave, como demostró el proyecto europeo Decod, que pretende hacer una plataforma que permita a cada ciudadano conocer el uso que las autoridades hacen de su información. Porque, en principio, solo un juez puede autorizar que se den datos completos de un móvil o varios.

Así sucedió durante la investigación de la desaparición de Diana Quer, la Guardia Civil solicitó al juez y obtuvo los datos de todos los móviles que se habían movido en zonas concretas donde se buscaba a la chica. Habitualmente, se piden datos de localización de un solo usuario a la operadora (por las antenas) o a las apps Pero lo que hace el usuario dentro de ellas solo lo saben sus responsables.