El real decreto que el Gobierno está preparando para garantizar la intimidad de las mujeres que deciden abortar podría entrar en vigor antes de que finalice el año, una norma que será retroactiva y que impedirá, salvo por orden judicial, desvelar la identidad de la mujer. Así lo anunciaron ayer en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.
Aído, que se reunirá con el sector de las clínicas en dos semanas para debatir sobre esta norma, explicó que el decreto obligará a todos los centros que ofrezcan esta prestación, tanto públicos como privados, a separar el historial clínico de los datos personales de la mujer que decide interrumpir su gestación, y que serán confidenciales mediante un código secreto que le será entregado a la mujer al inicio de la gestación.
Asimismo, la norma persigue asegurar criterios comunes de calidad en la prestación del servicio en todas las clínicas que realizan abortos, entre los que figuran pruebas como las analíticas y ecografías antes y después de la intervención.
Serán también condiciones y criterios comunes a todos los centros, la consulta de toco-ginecología, la capacidad para monitorización cardiaca sistemática y el seguimiento post-intervención de las posibles incidencias.
Por otro lado, la vicepresidenta ha dicho que se evaluará cómo está funcionando la ley del aborto, y si se está "garantizando o vulnerando" la confidencialidad de los datos de las mujeres, y si la prestación se hace "con calidad y equidad" en todo el territorio.
